TOLEDO. El coordinador de los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha en las Cortes Generales, Alejandro Alonso, manifestó ayer que la medida de dar voto en las elecciones municipales a los inmigrantes no se ha tomado «bajo la óptica de las matemáticas electorales», sino de los derechos.

Alonso informó en una rueda de prensa de la proposición que por unanimidad ha adoptado el Congreso de los Diputados para favorecer la participación política de los inmigrantes que llevan largo tiempo viviendo en España.

Medida sin desarrollar

Alejandro Alonso, preguntado por cuántos votantes se incorporarían en los comicios municipales en la región con esta medida aún por desarrollar y que requiere un cambio de la Ley de Régimen Electoral General, explicó que ni conoce el número ni pasa por su imaginación hacer un cálculo de inmediato.

Indicó que se trata de dar derecho a los inmigrantes que, por ejemplo, llevan siete u ocho años en España trabajando, pagando a la Seguridad Social y los impuestos municipales y pudiendo ser elegidos delegados sindicales en sus empresas, a participar en la elección de la persona que gobierne en sus municipios.

Probablemente no podrán hacerlo aún en los próximos comicios locales, explicó Alonso, que señaló que no es justo que, tras dar a los inmigrantes en un proceso de regularización derechos laborales e imponerles obligaciones tributarias, no se les dé derecho a participar. Además, considera que la participación política es la mejor vía para facilitar la integración.

También recordó una reciente encuesta según la cual más del 60 por ciento de los españoles se mostraba a favor de que los inmigrantes votaran en las elecciones locales.

Proteger la masa forestal

Por otro lado, Alonso informó de la reciente aprobación de la Ley de Montes, que, según explicó, pretende cuidar los montes españoles y proteger las masas forestales de los incendios y los especuladores. Agregó que esta ley introduce garantías jurídicas para la protección de los montes españoles y protegerlos de las agresiones, mecanismos para perseguir y castigar los delitos medioambientales, especialmente los incendios, y más recursos económicos para la políticas de conservación de la masa arbórea.

El diputado socialista explicó que el uso del suelo no se podrá cambiar en treinta años en las zonas afectadas por incendios, con lo que, dijo, se disuade a los especuladores y se favorece la regeneración de los montes. Además, se crean fiscalías específicas de medio ambiente, de las que en Castilla-La Mancha habrá una en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el resto estará en las audiencias provinciales.

También se constituirá un fondo para patrimonio natural, que será gestionado por las comunidades autónomas, dijo Alonso, que señaló que esta Ley de Montes, a diferencia de la que hizo el PP y que generó varios recursos de inconstitucionalidad, respeta las competencias de las comunidades.