La crisis migratoria fabricada por Bielorrusia a las puertas de Polonia no ha terminado. Lo decía ayer el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, cuando la prensa internacional ya prácticamente ha desaparecido de la zona ante la imposibilidad de poder aproximarse a la frontera entre ambos países y certificar qué está pasando.

Las noticias que trascienden de uno otro lado son pues incontrastables e intereadas. Varsovia, a través de su portavoz de la Guardia Fronteriza, teniente Anna Michalska, informaba de la devolución el viernes al país vecino de 170 personas que lograron penetrar la frontera polaca «unos metros». Nadie pudo asistirles en esta incursión que, como tantas, se resolvió con una expulsión sumaria.

Para evitarlas, las ONG locales que operan en este área han decidido poner en práctica una verdadera carambola legal, de acuerdo con la cual están reclamando no a Polonia, sino directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos, la protección de los refugiados. La respuesta, del Alto Tribunal, que en principio está siendo rápida, es garantía de que no habrá deportación expréss.

Dos devoluciones previas

Este mecanismo fue utilizado esta semana para salvaguardar los derechos de dos hermanos sirios de 24 y 28 años que lograron ponerse en contacto con la plataforma de ayuda Grupa Graniza mientras atravesaban los bosques ya en lado polaco a la altura de la localidad de Siemiatycze. La ONG Homo Faber logró el 22 de noviembre que Estrasburgo les trasladara el escrito de medidas provisionales, que incluye el requerimiento de que estas personas no sean rechazadas a Bielorrusia y que sean provistas de necesiades básicas, incluido alojamiento, hasta el 10 de enero. Habían sufrido ya dos expulsiones en caliente, una tras penetrar unos metros en Polonia y otra tras haber avanzado tres días, unos 25 kilómetros en total.

Con el documento en la mano, Homo Faber entregó a los dos refugiados sirios a la policía polaca, que los ingresó primero a la comisaría de Mielnik para trasladarles posteriormente a las instalaciones de la Fundación Diálogo en la cercana Bialystok.

Designada para la representación legal de estas personas, Beata Siemaszko, explicó a este diario el proceso junto a la entrada del complejo policial. «Encontramos en el bosque a dos jóvenes sirios, una hermana y un hermano. Habían huido de Siria, de la discriminación, de las amenazas de muerte, del encarcelamiento de su familia, de los bombardeos, del régimen. Son personas muy bien educadas», dijo. Y añadió que «a partir de sus experiencias, supimos que podríamos pedirle a la Corte Europea de Derechos Humanos el derecho a que pudieran permanecer en Polonia. Es decir, protección contra la una devolución a Bielorrusia. Allí han sufrido situaciones terribles como golpes, empujones, hambre, sed y persecuciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concedido nuestra solicitud y estas personas están protegidas hasta al menos el 10 de enero de 2022».

La Corte Europe de Derechos Humanos empezó a indicar el pasado verano este tipo de medidas provisionales a las autoridades de Polonia y Letonia después de valorar la reclamación de varios refugiados que dijeron que se les había negado la posibilidad de presentar solicitudes de asilo y que su situación «no fue revisada individualmente», lo que choca el artículo 4 del Protocolo 4, que declara prohibidas «las expulsiones colectivas de extranjeros» . La institución aclaró al mismo tiempo, que no debía entenderse que esas edidas «exigen que Polonia o Letonia permitan a los solicitantes entrar en sus territorios».