El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición de ley presentada por Izquierda Unida y respaldada por el PSOE por la que los inmigrantes que lleven cinco años residiendo legalmente en España tendrán reconocido el derecho al voto en las elecciones muni- cipales a partir de 2011. Tras la reforma del artículo 13 de la Constitución única modificación realizada de la Carta Magna, que fue precisa para acomodarla a la legislación comunitaria tras el ingreso en la UE, ya existía ese derecho reconocido a los residentes comunitarios y a los de aquellos países que, como Argentina, Uruguay, Chile o Noruega, permitían en reciprocidad el voto a los españoles en su territorio. En la actualidad vota ya en las municipales alrededor de un millón de extranjeros.

Izquierda Unida había fundado su propuesta en el doble argumento de que la facultad de sufragio es uno de los derechos fundamentales y de que la participación política es el mejor instrumento de integración en un país. Y, realmente, esta concesión no provoca el rechazo de la opinión pública, sino que, según las encuestas, más del 53% de los ciudadanos sería incluso partidario de que los residentes extranjeros pudieran votar en las elecciones generales, porcentaje que se eleva al 60% en las elecciones municipales. Sin embargo, no debería ocultarse que tal medida tiene también riesgos, que explican el rechazo del Parlamento Europeo, el pasado 17 de enero, a un informe que postulaba precisamente lo que acaba de admitirse en España. Se trata, sin duda, de un desafío para las instituciones y los partidos, que deberán conjugar las políticas de Estado en materia de inmigración y cohesión social con la atractiva captación de estas potenciales clientelas, que pueden representar unos cinco o seis millones de electores en 2011. Sin olvidar los efectos de la medida en ciertas localidades turísticas en las que la población extranjera es incluso mayoritaria, y en Ceuta y en Melilla, donde pueden producirse disfunciones graves. Aunque el criterio de extender la participación política a los extranjeros residentes que hayan conseguido un cierto nivel de arraigo es positivo, parece claro que la institucionalización del derecho al sufragio de los inmigrantes debió haberse realizado después de un debate más profundo, capaz de ponderar todas las ventajas e inconvenientes, y de tomar en consideración los casos particulares.