Rabat (Marruecos). El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, anunció ayer que estudiará la petición del Senado de que se den
permisos de residencia y trabajo con carácter extraordinario a los
inmigrantes ilegales que salen de los centros de internamiento tras un
período de 40 días y hasta que se pueda ejecutar su orden de expulsión del
territorio español. Caldera señaló que la normativa española, aprobada por
el anterior Gobierno del PP, es «garantista» y el Ejecutivo socialista la
defiende. «Establece que si un ciudadano irregular, después de 40 días, no
ha podido ser repatriado a su país de origen, debe ser puesto en
libertad», informa Ep.
   El ministro hizo hincapié en que en la
actualidad «prácticamente no existe» la inmigración ilegal en España y
que, al menos, se ha reducido «mucho» este fenómeno. Al mismo tiempo,
aseguró que los centros de internamiento de España son «modélicos».
   Cumbre de Rabat. Caldera hizo estas declaraciones en la Conferencia sobre
inmigración celebrada en Rabat, y que concluyó ayer con la aprobación por
parte de los 57 países participantes de un Plan de Acción elaborado por
Francia y sometido a la aprobación previa de España, Marruecos y Senegal,
que incluye medidas de seguridad para cortar los flujos ilegales de
inmigrantes, acuerdos de readmisión que deberán ser aprobados
bilateralmente por cada país concernido, y propuestas de codesarrollo e
inversiones europeas en África.
   El principal beneficiario de la
Conferencia ha sido el régimen francés, y en menor medida el Gobierno
español y el marroquí. Francia se blinda a través de terceros ante el
riesgo de oleadas de ilegales que aumentarían la tensión existente en los
suburbios y en los barrios marginales de las grandes aglomeraciones
francesas. España sale reforzada en su papel diplomático mediador ante una
Europa escéptica y reacia a conceder fondos para el desarrollo del sur. Y
Marruecos consigue un triunfo diplomático en un momento en el que el
continente africano le desafía a que acepte el Referéndum de
autodeterminación en el Sahara.
   El Gobierno francés ha ejercido
presiones sobre el Rey Mohamed VI para que Marruecos corte de raíz las
avalanchas de inmigrantes magrebíes y subsaharianos que salían desde sus
costas hacia España. Las gestiones de París han sido más discretas que las
realizadas por Madrid, pero más eficaces. Francia no está dispuesta a que
aumente en su país la población inmigrante descontrolada. El ministro del
Interior, Nicolas Sarkozy, ha hecho del control del flujo migratorio su
principal caballo de batalla cara a las elecciones presidenciales del año
próximo.
   París acogió con protestas directas e indirectas la
«regularización masiva» de inmigrantes ilegales hecha por Zapatero. El
temor galo es que una parte de esos inmigrantes, una vez obtenidos sus
papeles, se trasladen a Francia para aumentar la población inmigrante
residente en el país, que ya cuenta con cerca de cinco millones de
personas.
   Ésta ha sido, según fuentes diplomáticas, la razón
principal que ha impulsado al Ejecutivo galo a exigir de Marruecos poner
fin al goteo constante de pateras desde sus costas y aumentar el control
sobre la llegada constante de subsaharianos a Marruecos procedentes de las
ex colonias francesas de África. Este mismo temor ha impulsado al
Ejecutivo francés a promover la reunión ministerial de Rabat con la doble
finalidad de comprometer a sus ex colonias, países emisores de inmigración
ilegal hacia Europa, a aumentar las medidas coercitivas de control de
fronteras, y hacer que el Gobierno español se coloque en primera fila del
control de las fronteras.