LUIS AYLLÓN. ENVIADO ESPECIAL

LUIS DE VEGA. CORRESPONSAL

RABAT. La Conferencia Euroafricana concluyó ayer en Rabat con la adopción de un Plan de Acción que incluye 62 medidas con las que los países de la Unión Europea y los de África Occidental quieren afrontar de manera conjunta la emigración clandestina. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, destacó que se abre una nueva forma de gestión de ese problema sin estar tan obsesionados por las repatriaciones y haciendo hincapié en el desarrollo económico, social y político de los países africanos. Y terminó con un entusiasta: «Viva el espíritu de Rabat».

Entre las medidas del mencionado plan figuran algunas destinadas a promover el desarrollo, como el abaratamiento en los envíos de remesas a los países de origen de los inmigrantes o la propuesta española de creación de un Fondo de Microcréditos para el que nuestro país ya ha ofrecido 10 millones de euros. Otras acciones van encaminadas a favorecer las migraciones legales, con la gestión conjunta de flujos migratorios y la mejora de la información sobre las necesidades del mercado de trabajo en Europa. Un tercer grupo de medidas incide en las migraciones ilegales, favoreciendo compromisos de readmisión a nivel bilateral y regional; desarrollando sistemas de cooperación policial y judicial y adoptando mecanismos de identificación de inmigrantes irregulares, que podrían ser llevados a cabo por equipos regionales, como ha sugerido España.

El plan contará con un comité técnico de seguimiento y con otro político, que, previsiblemente, estará formado por cuatro países europeos (España, Francia, Bélgica y Portugal) y por cuatro africanos (Marruecos, Senegal, Ghana y Cabo Verde). Además, habrá una nueva Conferencia Euroafricana dentro de dos años y se da la bienvenida a la celebración antes de que concluya 2006 de otra conferencia en Libia, que reunirá a la UE y a la Unión Africana, esta vez con la presencia de Argelia, que ha estado ausente de Rabat.

Situación indefinida

Ayer se sumó a la reunión el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien ante una pregunta de los periodistas sobre la llegada de más de 11.000 inmigrantes irregulares a Canarias en lo que va de 2006 y la imposibilidad de repatriar a muchos de ellos a su país de origen dentro del plazo de 40 días que marca la ley, anunció que el Gobierno va a estudiar fórmulas para dar solución al problema. Caldera reconoció que esas personas que son enviadas a distintos puntos de España tras ese periodo en un centro de acogida, quedan en una situación indefinida, en libertad, pero sin permiso para permanecer legalmente o trabajar. El ministro habló de la posibilidad de facilitarles permisos de estancia y trabajos extraordinarios.