El ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, ha anunciado en su cuenta de Twitter la intención del gobierno de Varsovia de levantar una valla en su frontera con Bielorrusia, como respuesta a la política bielorrusa de alentar a grupos de inmigrantes a cruzar ilegalmente a territorio de la Unión Europea. En opinión de Błaszczak, Polonia está sufriendo un «ataque híbrido» y se dispone a defenderse por medio de una «valla sólida» de 2,5 metros de altura que será instalada a lo largo de los 407 kilómetros de frontera.

El caso de un grupo de 32 personas varadas en Usnarz Gorny, cerca de Bialystok, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, durante casi dos semanas y sin contar con los servicios mínimos de supervivencia, ha sido motivo de un acalorado debate en Polonia este verano. La imagen de varias familias procedentes de Afganistán, atrapadas entre militares bielorrusos armados que no permitían su retroceso y oficiales de frontera polacos a unos metros de distancia, que se limitaban a hacerles llegar agua y comida, ha conmovido a la ciudadanía. «Antes cosas así no sucedían, teníamos una buena relación con el ejército bielorruso, nos comunicábamos informaciones relevantes sobre lo que afectaba a la frontera, para evitar juntos irregularidades», dice Sot Justas, soldado fronterizo polaco, «pero todo eso se acabó. Ahora, si tratamos de avisarles o pedir información sobre lo que está pasando, sencillamente nos ignoran, como si no existiésemos».

Infarrojos y cámaras

Polonia cuenta con un sistema de infrarrojos y cámaras de vigilancia, pero a menudo sus fuerzas se ven desbordadas porque grupos de personas intentan cruzar al mismo tiempo por diversos puntos de la línea y resulta imposible a los guardias acudir a todos ellos. Y cuando logran impedir la entrada, se encuentran con que los soldados bielorrusos impiden el retroceso de los grupos, dando lugar a situaciones humanitarias muy lamentables. Las cámaras han captado incluso imágenes de soldados bielorrusos haciendo señales a grupos de inmigrantes para que crucen con rapidez, antes de que lleguen los soldados polacos.

Polonia se suma así a la iniciativa de Lituania, donde la presidenta del Siemas, Viktoria Cmilyte-Nielsen, ha convocado este mismo mes de agosto una sesión parlamentaria extraordinaria para aprobar la construcción de una barrera física en la frontera con Bielorrusia. «Necesitamos construir una frontera sólida y fiable lo ante posible a lo largo de esos 680 kilómetros», expuso la ministra de Interior Agne Bilotaite, que acusó al presidente Lukashenko de «utilizar abiertamente a estos refugiados como medida de presión». Se refería al flujo de refugiados que proceden mayoritariamente de Oriente Medio y África y que son trasladados en avión hasta Minsk y después, clandestinamente, hasta la frontera.

Solo este mes han sido detectadas cerca de 2.000 personas tratando de cruzar ilegalmente esa frontera, cuando en todo el año 2020 solo fueron detenidas 81 personas. Los refugiados que llegan a los albergues lituanos, donde son atendidos, explican abiertamente que fueron acompañados por «jóvenes bielorrusos» desde el hotel en Minsk hasta la frontera. «Hacemos lo que podemos, pero si superan los 5.000, no tendremos ya capacidad para atenderlos», justifica el viceministro lituano de Exteriores, Mantas Adomedas, «nos veríamos obligados a dejarlos marchar y su meta prioritaria es Alemania».
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian que este flujo migratorio «ha sido planificado y organizado de manera sistemática por el régimen de Alexander Lukashenko»

Estonia, Letonia, Lituania y Polonia han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian que este flujo migratorio «ha sido planificado y organizado de manera sistemática por el régimen de Alexander Lukashenko». Interpretan que se trata de una represalia de Minsk contra las sanciones que le impone el bloque europeo e insisten en que «es hora de llamar la atención de la ONU y del Consejo de Seguridad sobre el asunto», advirtiendo sobre los maltratos que estos inmigrantes están sufriendo en suelo bielorruso. «Instamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a tomar medidas concretas que faciliten la solución a esta situación y que exija a Bielorrusia cumplir con sus obligaciones internacionales», insisten.

Los cuatro países se comprometen a disponer la protección necesaria a los refugiados que crucen la frontera, pero solicitan a la UE «nuevas medidas restrictivas» para evitar este flujo de inmigración ilegal suplementaria organizado por el gobierno bielorruso. «La utilización de refugiados e inmigrantes como arma arrojadiza es una amenaza para la seguridad de la UE y constituye una grave violación de los Derechos Humanos», concluyen.