El presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, ha advertido de la creciente inseguridad generada por algunos inmigrantes ilegales llegados a la isla de Gran Canaria, y en especial, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En ese sentido, ha manifestado que «esta situación, lejos de mejorar, irá empeorando a medida que dejemos pasar el tiempo. Los problemas de violencia e inseguridad generados por una parte de la inmigración ilegal no se van a solucionar solos, tenemos que tomar medidas y hay que tomarlas ya«.

En un comunicado, Lucas Bravo de Laguna ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España solicite a la Unión Europea la activación del despliegue del dispositivo de vigilancia Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) con la participación de buques de la Armada de distintos países europeos, así como los mecanismos de devolución inmediata de la inmigración irregular, mediante los oportunos protocolos bilaterales con los países emisores.

Hemos llegado a un punto en el que la solución no puede ser recibir más dinero de Europa o del Gobierno de España para atender a los que llegan de forma irregular a nuestras costas. Esa solución solo produciría la eternización de un problema que no es responsabilidad nuestra. «No queremos que se habiliten más plazas para atenderlos, queremos que se legisle para que los deriven a otras Comunidades Autónomas (CCAA), y también queremos que el Gobierno de Canarias redistribuya a los irregulares de forma equitativa con el resto de las islas, ya que ahora mismo Gran Canaria es la isla que soporta una mayor presión migratoria», ha señalado.

Esta situación de inseguridad asociada a la inmigración la llevamos advirtiendo desde hace meses, sin que el Gobierno de España haya hecho nada al respecto. Estos problemas de inseguridad, así como los sociales y económicos generados por esta situación solo están empezando, irán a peor. Cada vez son más frecuentes y visibles por la población de nuestra isla, «lo vemos en las quejas de los usuarios de la Playa de las Alcaravaneras donde acampan de forma permanente, en los robos en la zona de la Isleta, en Triana- Vegueta, en los múltiples episodios de robos e inseguridad que se producen, diariamente, en el barrio de Tafira debido a la excesiva concentración de centros de acogida habilitados por la Consejería de Derechos Sociales en dicha zona, en los episodios de violencia en los centros de acogida y tutela, en las denuncias por agresiones y fugas de dichos centros en los que no existe control alguno por parte de las instituciones, en la falta de escolarización de la gran mayoría de ellos, etc.».

Por todo ello, el presidente de Unidos por Gran Canaria insiste en que son el único partido político que aboga por una modificación de la Ley de Extranjería que permita la repatriación de los MENA con las oportunas garantías legales, para que, en la comisión de actos delictivos, violencia o agresiones, se proceda a su expulsión de manera inmediata, independientemente de si se trata de menores de edad. Además, dicha reforma debería contemplar la obligación legal de reparto de Menas entre las distintas CC.AA. y el resto islas, para que deje de ser una cuestión de «falsa solidaridad». Desde UxGC recuerdan que actualmente la isla de Gran Canaria acoge a unos 1700 según datos aportados por el Gobierno, mientras que en toda Andalucía rondan los 1900 menores no acompañados. «No queremos que el Gobierno de Sánchez habilite una sola plaza más de acogida en la isla de Gran Canaria. ¡Ya está bien!», ha subrayado.

Por último, UxGC ha querido recordar que en Canarias «no existe riesgo alguno asociado al yihadismo. Los grancanarios somos los que mejor conocemos nuestra realidad y los problemas que genera la inmigración ilegal. No necesitamos que venga nadie de Madrid a contarnos mentiras y generar incertidumbres paranoicas que pueden hacer mucho daño al nuestro principal motor económico: el turismo. Una parte de la inmigración irregular que llega a Gran Canaria está generando muchos problemas de inseguridad y de violencia. Con esos, con los que cometen delitos, generan violencia y provocan peleas y agresiones tenemos que ser contundentes en la respuesta, pero en ningún caso, está situación está asociada al terrorismo islamista. Decir lo contrario es mentir».