El Gobierno estudia autorizar la residencia a los subsaharianos que no puede repatriar

Promete en la Cumbre de Rabat financiar centros de internamiento en África

El Correo, 12-07-2006

El Gobierno español se despidió ayer de la I Conferencia Euroafricana de Inmigración con una promesa: estudiar si concede permisos extraordinarios de residencia o trabajo a los miles de subsaharinos irregulares llegados a territorio nacional y que pasados los 40 días de internamiento quedan en libertad pero en situación de clandestinidad por no poder ser expulsados. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que presidió la sesión final de la cumbre en la que se han dado cita 57 países de las dos orillas del Mediterráneo, aseguró que el Ejecutivo «estudiará» esta posibilidad en el «futuro» ante la «situación indefinida» en que se encuentran miles de extracomunitarios. Caldera se refería así al ‘limbo legal’ en el que se hallan estas personas a las que se permite quedarse – muchas veces trasladadas a la Península – , pero sin ningún tipo de papeles.

Nadie en la delegación española era capaz ayer de precisar a cuántos inmigrantes afectaría esta nueva ‘regularización’ de llevarse a cabo. Las únicas cifras disponibles son las facilitadas por el Gobierno en la reunión de Rabat sobre la llegada de subsaharianos a las Canarias: 11.155 sólo en el primer semestre del año, la mayoría senegaleses, mauritanos, malienses, cameruneses, nigerianos y caboverdianos.

El Senado ya aprobó por unanimidad el pasado 20 de junio una moción en la que se instaba al Ejecutivo a regularizar, de manera extraordinaria y aunque fuera temporalmente, a esos subsaharianos. Fuentes de la delegación española precisaron que la concesión de este tipo de permisos están recogidas en la disposición adicional primera del reglamento de la ley de extranjería, que faculta al Consejo de Ministros (de manera general) y la Secretaría de Estado para la Inmigración (casos individuales) a autorizar estas legalizaciones.

Caldera también anunció la voluntad del Ejecutivo de costear en los países de origen africanos centros para la acogida de los inmigrantes repatriados, siempre que las autoridades de esos países admitan la devolución de sus ciudadanos clandestinos.

Por ahora, el Ejército español y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) han puesto en marcha y mantienen un centro de estas características en el puerto de Nuabidou (Mauritania), abierto este año después de que las autoridades de Nouakchot admitieran las deportación de un pequeño contingente y la aportación de una patrullera de la Guardia Civil para frenar las oleadas de cayucos.

El presidente de canario, Adán Martín, el único no representante de un gobierno central que intervino en la sesión de clausura ante el plenario, mostró su respaldo a la batería de medidas acordadas en Rabat, pero reclamó a todos los países presentes inmediatez en ponerlas en marcha. «Estas iniciativas han de implementarse rápidamente. Los países y las instituciones – dijo – no pueden seguir reaccionando al mismo ritmo que lo hemos hecho en los últimos años porque este fenómeno ya comparte nuestra realidad cotidiana y por lo tanto ha de ser una política prioritaria, común, global, compartida, corresponsable y urgente».

Sus reclamaciones parecieron tener eco. La UE informó a Martín que la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) comenzará su despliegue en las islas el 18 de julio.

El ‘espíritu de Rabat’

Tres días de reuniones en Marruecos, en el mayor encuentro gubernamental sobre inmigración, alumbraron lo que ayer el ministro Miguel Ángel Moratinos denominó el ‘espíritu de Rabat’. El canciller español comentó que la cumbre no ha sido «sólo una conferencia para hablar de inmigración ilegal», sino que ha servido para abrir «una nueva dimensión» de las relaciones entre África y Europa.

Para Miguel Ángel Moratinos, los protocolos de repatriación serán sólo una pieza más «dentro de nuestras políticas migratorias». El titular de Exteriores quiso dejar claro que el objetivo de España es alcanzar «acuerdos de nueva generación», en los que además de las readmisiones se trate el desarrollo de los países, la cooperación policial y judicial o la lucha conjunta contra las redes de tráfico de inmigrantes. «Readmisiones sí, pero no sólo», insistió Moratinos.

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