Quiere resolver la situación de los subsaharianos que quedan en libertad tras 40 días con una orden de repatriación imposible de ejecutar El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer en Rabat (Marruecos) la disposición de su Departamento a estudiar fórmulas que permitan solucionar la situación de aquellos inmigrantes ilegales que, tras permanecer los 40 días que marca la ley ingresados en centros de internamiento, no han podido ser repatriados a sus países de origen.

Estas personas son puestas en libertad con una orden de expulsión imposible de ejecutar, lo que les impide trabajar y regularizar su estado. Caldera quiere buscar la manera de superar la situación «indefinida» en la que entran dichos inmigrantes y lo hará partiendo de las propuestas aprobadas por unanimidad el pasado 20 de junio en el Senado. La moción de la Cámara Alta – aprobada con apoyo del Grupo Popular – insta al Ejecutivo a proporcionar permisos de residencia y trabajo extraordinarios que duren hasta el momento en el que los inmigrantes en cuestión puedan ser devueltos a su país.

El titular de Trabajo no dio detalles acerca de las soluciones concretas que baraja su Ministerio, pero sí aseguró que este tema le preocupa y que figura en su agenda a corto plazo. También señaló que las leyes españolas en este sentido son «muy garantistas» y no dudó en elogiar el plazo de 40 días de internamiento que establece la norma aprobada por el Gobierno del PP, y tras el cual los inmigrantes que no han sido expulsados a sus países son puestos en libertad. El ministro reconoció que es necesario arbitrar soluciones para quienes, tras este periodo de tiempo, quedan libres pero sin documentos de estancia o de trabajo.

La medida afectaría a un gran número de subsaharianos que deambulan por las calles de la Península tras haber sido trasladados desde Canarias. En lo que va de año, 11.155 inmigrantes africanos han arribado en patera al archipiélago, de los que el Ejecutivo tan sólo expulsa al 6%, según datos de la Delegación del Gobierno.

El Ministerio del Interior tiene graves dificultades para repatriar a los subsaharianos debido a que la mayoría de ellos están indocumentados, sus países se niegan en reconocerles y a la inexistencia de acuerdos de readmisión. Precisamente, la cumbre de Rabat pretende dar un impulso a la firma de este tipo de convenios.

Caldera, que ayer acompañaba al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en la sesión de clausura de la Conferencia Euroafricana sobre Migración y Desarrollo, destacó la importancia del encuentro porque, a su entender, ha servido para «reforzar el diálogo entre la UE y Africa». El ministro quiso recalcar que el fenómeno de la inmigración es muy «positivo» siempre y cuando se lleve a cabo de forma «ordenada». «El principal enemigo de los efectos positivos de la inmigración es la clandestinidad», alegó.

Caldera defendió entonces el proceso de regularización masiva llevado a cabo por el Gobierno socialista en 2004, con el que 600.000 personas que se encontraban en situación ilegal en España consiguieron permisos de residencia y de trabajo. «Ahora», aseguró, «en España no existen prácticamente ilegales», y añadió que «los centros de acogida son modélicos».

En este sentido, apostó por uno de los puntos del Plan de Acción, que contempla el fomento de cupos para la emigración legal con puesto de trabajo garantizado en el país de destino. Caldera precisó que el Gobierno, que mantiene una política de mercados laborales abiertos, trabaja con los empresarios, que son quienes deben fijar la oferta de empleos de cara al exterior. El ministro afirmó que el Gobierno está abierto a financiar con más países africanos (al margen de Mauritania) la apertura de centros de acogida en sus territorios para aquellos inmigrantes que son devueltos desde España.