Los ríos de la migración ilegal fluyen cada día por gran parte del mundo. Aquí al lado, en el entorno del Bidasoa, más de 3.000 personas migrantes han sido atendidas en lo que va de año por los voluntarios y voluntarias de Irungo Harrera Sarea. La mayoría son subsaharianas –de Guinea, Malí y Costa de Marfil, sobre todo– y persiguen el sueño de una nueva vida en Europa, predominantemente en Francia, aunque en Irun se dan de bruces con una frontera que el Gobierno galo trata de hacer valer para frenar la inmigración. Sin embargo, alguien que se ha jugado el pellejo para salir de África en patera no se detiene ya a un palmo de la meta. Hace lo que sea por recorrer los últimos metros.

Es aquí donde surgen las redes o grupos más o menos organizados que ofrecen su ‘ayuda’ para cruzar la muga a cambio de dinero, normalmente entre 150 y 200 euros por persona. Es algo ilícito que mueve importantes cantidades de euros pero que, según fuentes policiales, penalmente está poco castigado para los pasantes, lo que dificulta las investigaciones. Con todo, más de 80 personas han sido detenidas en Euskadi por pasar la frontera a migrantes en lo que va de pandemia.

3.000 euros es el precio mínimo que los migrantes pagan en su país de origen para que mafias organizadas los lleven a Francia, según la Policía Nacional.

150 euros ‘cuesta’ atravesar ilegalmente la frontera con un pasante. A veces es más 200 € o 250 € si es una mujer con niño.

600 o 700 euros desembolsa cada migrante por cruzar el Estrecho de Gibral tar, según la experiencia policial. Llegar luego a Irun supone «otro tanto».

Acceder a cifras oficiales y concretas sobre el volumen de migrantes que llegan al Estado español no resulta fácil. En Canarias calculan que este año rondarán ya las 10.000 llegadas en cientos de pateras. Según el balance de 2020 de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco, el pasado año hubo 63 detenciones por integrar una red de inmigración ilegal. En lo que va de 2021 se han notificado al menos una veintena. Y serán más. Solo en los últimos 15 días se han reportado dos operaciones con ocho arrestos entre Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. La última, este jueves, cuando un ciudadano senegalés fue sorprendido en las inmediaciones del Bidasoa trasladando a dos mujeres de Costa de Marfil, cada una con dos hijos.

250 euros, mujer y dos hijos. Estas mujeres podrían haber pagado unos 250 euros cada una, que es la cantidad que unos días antes había abonado Bamba –que nos da este nombre, pero probablemente no sea el suyo porque es reacia a identificarse y ser fotografiada– por llegar a Iparralde junto a sus dos hijos, de 12 y 15 años. No precisa dónde les dejó el «senegalés» que contrató. Puede que ni lo sepa, ya que «muchos migrantes se quedan con que todo es Francia o París, no distinguen Hendaia de Baiona», indican en Harrera Sarea.
l caso es que Bamba y sus hijos fueron devueltos por la Policía francesa a Irun, y en la plaza San Juan cuenta que «me he quedado sin dinero y sigo aquí. No sé qué hacer. En el albergue de Cruz Roja me han dicho que como hemos pasado tres noches ahí, hoy no podremos dormir». Finalmente le concedieron otra pernocta, algo que otras dos mujeres con sendos hijos no lograron el 27 de octubre, tras haber descansado en el recurso de Hilanderas los tres días previos.Así actuan las mafias en la muga

Bamba quiere ir «a Italia», donde está su marido. Apenas habla francés, idioma que en la antigua colonia gala de Costa de Marfil se aprende en la escuela. Pero para ello hay que escolarizarse. Un compatriota traduce su dialecto y asegura que «salir de África no es gratuito. Hay que pagar». Sonríe y niega con la cabeza cuando se le pregunta cuánto.

Organizado desde África. El tráfico de personas «mueve muchísimo dinero», denuncian desde Irungo Harrera Sarea (IHS) tras comprobar las experiencias de los miles de migrantes con los que han hablado desde que esta red de voluntarios se organizó el verano de 2018. Un informe conjunto de la Europol y la Interpol concluyó en 2016 que «más del 90%» de los africanos que llegan a Europa lo hace a través de un entramado delictivo. Según trasladan fuentes de la Policía Nacional, estas mafias suelen estar compuestas por «más de 15 o 20 personas». Requieren gente en los países de origen, tránsito y destino: organizadores, reclutadores, intermediarios, capitanes de barcos, conductores, proporcionadores de documentos falsos y alojamiento… Cobran a cada migrante por el viaje «entre 3.000 y 4.000 euros», convienen en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tanto en Donostia como en Bilbao. En principio, cuanto más alta sea la tarifa, mayor es la seguridad en el trayecto. A esta vía se acogen sobre todo las mujeres –y más si lo hacen con hijos–, aunque su integridad tampoco queda garantizada.
Los migrantes pagan «por todo» desde que parten de casa: para salir de su país, para atravesar Marruecos, para subirse a una patera, para cruzar la Península y para seguir a Europa. El inspector jefe de la brigada policial de Bilbao precisa que «el paso por el Estrecho de Gibraltar suele costar unos 600-700 euros por persona», a lo que luego se suma «el traslado a Francia, que suele ser otro tanto».

En el caso de Irun, «la mayoría» de quienes están arribando en las últimas semanas procede de Canarias, observa Josune Mendigutxia desde IHS. Lo cual no significa que el paso por el estrecho –escape mayoritario desde el Magreb– esté en desuso. «Cada día llegan pateras a Andalucía, Murcia o Baleares», afirma un inspector, jefe de grupo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en San Sebastián. «Pero al ser más pequeñas que las que llegan a Canarias, han dejado de ser noticia en los medios de comunicación», añade. Muchas veces, una persona de la propia organización criminal se sube a la patera y poco antes de llegar a España se monta en otra embarcación de apoyo para regresar a Marruecos.

Documentación falsa. Bamba dejó hace «más de un año» Côte d’Ivoire, el nombre que este país reivindica usar. Ni los «cuatro días» en patera hasta Canarias le impiden resaltar que «lo peor es pasar Marruecos», algo común para la mayoría de migrantes. «En el camino les roban, les violan, les explotan…», explica el inspector de la comisaría de Donostia. Hace unas semanas, una africana llegó a Irun con un bebé de 15 días, recuerdan en Harrera Sarea, donde precisan que estas criaturas suelen ser fruto de una violación o un tributo sexual: no todo el viaje se paga con la venta de un terreno o ganado. En el trayecto, las mafias facilitan a sus clientes documentos falsos. «Saben que si entran a España con su documentación se exponen a ser devueltos a su país de origen», por lo que vienen sin papeles.

Las claves
GRUPOS DELICTIVOS. Los aledaños de los centros humanitarios o de acogida suelen ser un punto donde las mafias reclutan clientes para su tráfico clandestino

CÓDIGO PENAL. La Policía sostiene que el tráfico de personas no está «suficientemente» penado, lo que no disuade el delito y «dificulta» la investigación

MUJER COSTAMARFILEÑA. «Pagué 250 euros por pasar la frontera con mis dos hijos, pero en Francia nos devolvieron a Irun, sin dinero ni dónde dormir»

Nada más poner pie a tierra, la Policía los identifica con un documento de filiación que es el que luego presentan en los diferentes centros de acogida y ONG, pero del que deben desprenderse antes de pisar Francia porque este país lo podría emplear como prueba para devolverlos al país por el que entraron a Europa. En las inmediaciones de estos centros de internamiento rondan miembros de los grupos delictivos para contactar con el migrante. Dotarle de un teléfono móvil es el primer paso, según fuentes policiales. A través de él, vía la aplicación IMO, les envían los localizadores de transporte que no podrían adquirir sin papeles en regla.

Por toda la Península. Estas mismas voces sostienen que, «una vez en territorio español, las organizaciones indican a los migrantes a qué ONG u organismo tienen que ir», que en el caso de Irun suele ser el recurso que Cruz Roja gestiona en Hilanderas. Estos centros se convierten así en una estación de paso, y sus inmediaciones, en lugar de contacto con los grupos delictivos. En el caso de Canarias, los organismos humanitarios facilitan a las personas migrantes el billete de avión hasta algún aeropuerto peninsular y algo de dinero para comprar después un billete de autobús con el que seguir su camino. Decir que tienen familia en alguna ciudad concreta facilita las cosas a la hora de poder ser derivados ahí, según se deduce de la experiencia policial. El proceso desde el sur de España o Baleares hasta atravesar la frontera, ya sea por Irun o La Jonquera (Girona), es similar.

Poco castigo penal. A la hora de atajar el negocio del tráfico de personas, las policías españolas lamentan que esta actividad «no está lo suficientemente castigada». Francia tiene la posibilidad –y ya lo ha hecho en alguna ocasión este año– de condenar a prisión en un juicio rápido a quien es sorprendido trasladando en su coche a migrantes. Pero a este lado del Bidasoa, a raíz de las reformas del Código Penal en 2010 y 2015, el tráfico de personas quedó «como un delito muy inferior al de trata» –que es cuando hay una explotación sexual o laboral de la que al menos en España «no se ha detectado» una gran actividad en el flujo africano, aunque «sí más en países de destino» como pago del viaje–. Esto se traduce en que «para castigar el tráfico de inmigrantes, se ‘necesita’ una reiteración de casos o que haya una organización criminal, con el fin de que exista un delito suficiente que permita una investigación, con observaciones telefónicas –’pinchar’ un teléfono–, etcétera». Y, según los inspectores consultados, en un hipotético juicio «los juzgados quieren manifestaciones de las víctimas», algo que no se da. «Ningún inmigrante declara que ha pagado nada ni que conoce a nadie. Vienen aleccionados».

Actividad en Irun. Los grupos delictivos organizados desde África tienen sus ‘connection man’ y ‘facilitadores’ del paso fronterizo en todo Euskal Herria, como se ha comprobado en pisos en Donostia, Irun, Pamplona, Vitoria, Bilbao y al otro lado de la muga. Suelen ser africanos –magrebíes y subsaharianos–, y muchos, o en su mayoría, «residentes legales». Como sucede en otros centros de acogida por todo el Estado, rondan los alrededores de Hilanderas en busca de ‘pasajeros’. También hay reclutadores ajenos a estas estructuras delictivas que se aprovechan del deseo de esta gente de cruzar la frontera para echarles la red «a cambio de 150 o 200 euros, lo máximo que estén dispuestos a pagar» por superar el último obstáculo de su sueño.