La red Eraberean de la que forman parte diversas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y del colectivo LGTBI, atendió en 2020 un total de 63 casos de discriminación o desigualdad de trato en Euskadi, 13 de ellos en Gipuzkoa. Son datos del informe anual de la red impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que lucha contra la discriminación por origen racial, étnico y por orientación e identidad sexual e identidad de género.

Como se recoge en el informe del año anterior, la red Eraberean ha identificado cómo la discriminación por su raza, condición sexual o algunas otras características de su identidad es un fenómeno negativo que afecta a perfiles cada vez más diversos y recoge situaciones como la que vivió Tamara, una mujer gitana a quien se le denegó alojarse en un camping; la historia de Bienvenu, solicitante de asilo de Guinea Conakry, a quien un banco le vetó abrir una cuenta bancaria básica o la de una mujer trans, que cada vez que acudía a la consulta médica, la doctora «se negaba a tratarla en femenino». Así, del total de casos recogidos por la red, más de la mitad (el 51%) corresponden al ámbito de la inmigración, seguidos de aquellos referidos al colectivo LGTBI (el 30%) y los relacionados con el pueblo gitano (el 19%).

Perfil
Las personas transexuales son uno de los colectivos más afectados por el trato desigual y discriminatorio a lo largo de los casos recogidos en el año 2020, sobre todo relacionados con su ‘deadname’, esto es, el nombre que tenían antes de su proceso de transición. En este sentido, destaca el caso de mujeres a las que se les dificulta la posibilidad de matricularse en cursos con su nombre, alegando que la documentación que acredita su formación presenta otro nombre. «Esto supone un obstáculo y un ‘shock’ para estas personas, quienes se ven afectadas en su propia identidad», denuncia el informe.

Las cifras
13 casos de discriminación se registraron en Gipuzkoa del total de 63 en todo Euskadi.

51% de los casos recogidoscorresponden al ámbito de la inmigración.

56% de las situaciones discriminatorias han sido en el ámbito privado y 46% en el público.

Los casos denunciados ante la red afectaron a 34 mujeres (el 54% del total), 24 hombres (38%) y a 5 personas no binarias. En cuanto a la edad, la mayoría (el 83%) tiene edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, y de forma más residual (el 14,5%), se encuentran personas de entre 41 y 50 años. En relación a la procedencia de las personas atendidas, el 55% proceden del Estado, seguidas de aquellas procedentes de Latinoamérica (18%) y Magreb (16%). Atendiendo a las áreas específicas donde han tenido lugar estas situaciones discriminatorias, el 56% de ellas se han producido en el ámbito privado y 44% en el público. En la esfera pública, el organismo con el que se han experimentado más situaciones de discriminación ha sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de en educación y salud. Aquí se tiende a enfocar más la queja en la falta de empatía y comprensión a la hora de expresarse y comunicarse con los equipos sanitarios. De forma más residual aparece el trabajo (9,4%) como espacio de discriminación, así como la protección judicial (3,8%) y la educación, empleo y el derecho a la vida (1,9%).

En el ámbito privado, el derecho a la vivienda es denunciado como el principal derecho vulnerado en el 17% de los casos y hace referencia tanto al acceso a los bienes inmuebles como a las relaciones interpersonales dentro de un marco convivencial. Por tanto, el mercado de la vivienda vuelve a ser uno de los principales escenarios de discriminación.

Las claves
Género Los casos denunciados afectan a 34 mujeres,24 hombres y a 5 personas no binarias

Edad y procedencia La mayoría tiene entre 18 y 40 años y la mitad procede del Estado, seguidas de Latinoamérica

Más de una persona denunciante relata cómo por su origen étnico-racial o por su perfil racializado ha visto limitado su derecho a la información o al acceso a una vivienda (en régimen de alquiler o propiedad). Destaca el trato desigual que reciben las personas pertenecientes al colectivo inmigrante al intentar alquilar una habitación o un piso. En un caso concreto también se destacan los comentarios racistas y xenófobos que la propietaria de un piso profiere a personas de origen extranjero, a quienes se niega a alquilar por su condición de extranjeras.