«No te alquilo el piso porque eres marroquí»
El Diario Vasco constata el calvario de una mujer inmigrante para que le alquilen un piso. La disposición de los dueños es opuesta si llama una guipuzcoana
Diario Vasco, , 25-10-2021Hola buenas, quería alquilar un piso que he visto anunciado en internet.
– Lo siento, justo se acaba de alquilar.
No ha conseguido pasar de la llamada de teléfono. La primera criba es el acento. «Me suelen preguntar de dónde soy. Cuando les digo que de origen marroquí me responden que ya me llamarán, que no tienen pisos en alquiler o directamente que no quieren marroquíes», explica esta mujer (prefiere no dar su nombre), que llegó a Gipuzkoa hace tres años en busca de «mejores oportunidades». Sin embargo, el camino no está siendo fácil y ya no sabe a dónde ir ni qué puertas tocar. «Desesperada», se puso en contacto con este periódico para denunciar su situación. «Solo quiero un piso donde vivir de forma digna y estar tranquila. No sé lo que hacer. Intento mover hilos pero nadie me puede ayudar», clama esta mujer de 30 años nacida en Marruecos pero criada en España.
El Diario Vasco ha sido testigo de su particular calvario y de las diferencias de trato por motivos de origen a la hora de alquilar un piso. Para comprobar qué respuesta recibía, se realizaron una treintena de llamadas reales aleatorias a viviendas ofertadas por particulares a través de anuncios en internet. Mujer, joven, mismos ingresos económicos… la única diferencia era el origen, evidente por el acento.
El resultado fue elocuente: la periodista –haciéndose pasar por una persona interesada en la oferta– obtuvo citas para todas las viviendas disponibles y se le ofreció visitar el piso casi al instante. En el caso de la mujer inmigrante, no consiguió atar ni una sola cita, una búsqueda que en el caso de la protagonista del reportaje se ha prolongado durante semanas, sin éxito. La mayoría respondieron con evasivas del tipo «pásame tus datos» o un «ya te llamaré» que nunca llegó. Otra de las excusas más frecuentes es la de indicar que el piso justo se acaba de alquilar. En el mismo número, a la periodista se le ofrece visitarlo.
Las llamadas telefónicas
Pincha en el play y escucha las conversaciones con una inmigrante
-Hola, necesito una habitación que he visto en internet y quería saber si sigue disponible
- Pues no sé todavía. ¿Pero usted trabaja?
- Si
-Ahh. ¿De dónde es usted?
( escucha el audio completo)
Pincha en el play y escucha las conversaciones con una guipuzcoana:
-Hola, estaba interesada en la habitación que tiene en alquiler.
-Sí, ¿cuándo te apetece verlo? Yo estoy por aquí ahora….
(escucha el audio completo)
«No me alquilan por la etnia, por ser diferente. Hubo un hombre que directamente me dijo: ‘No vuelvas a llamar, no queremos marroquíes’. Me colgó y me dejó en blanco. Otros, cuando llamo, preguntan ‘¿de dónde eres? Porque noto que tu acento es de fuera’. Les digo que soy de origen marroquí y me contestan que el dueño no quiere marroquíes porque lo destrozan todo. Al final estamos pagando justos por pecadores. El caso es que no es un caso ni dos. Ni sé los pisos que he mirado, también en inmobiliarias. ¿Si te digo que toda Gipuzkoa me crees?», dice con desesperación. Dentro de unos días se le termina el contrato de alquiler y se ve literalmente en la calle. «No tenemos a dónde ir. Nos cierran la puerta en todos lados».
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Patricia Rodríguez
Reside con su marido desde hace un año en una habitación de un piso que comparte con otras tres familias, un total de siete personas, por la que paga 550 euros al mes –de los que «200 euros son en negro»–. «La suma es grande, es una explotación y se aprovechan de la necesidad. Pero si no te gusta, te vas a la calle con tus maletas, así de fácil», asume. «Estamos negociando con el casero para que nos alargue unos meses más el contrato pero cada vez que nos ve nos dice que tenemos que irnos, que necesita la habitación», afirma esta mujer, que se deja la piel en el trabajo para poder llegar a fin de mes y pagarse un alquiler. Ella gana unos 700 euros al mes, «depende de las horas que trabaje», y su marido «otros 300, y cobramos una parte pequeña de la RGI –como complemento al sueldo–. Y si dices que cobras la RGI te tachan directamente, pero seas española o marroquí».
Si toca a la puerta de las inmobiliarias no encuentra ese rechazo, pero las garantías de pago –que se exigen para cualquier candidato, independientemente de su origen– también hacen de obstáculo en su caso, «porque son imposibles de cumplir» si no se tienen ingresos suficientes, denuncia. «Me exigen tener que estar los dos trabajando, yo sola no vale, o tener que pasar antes por una agencia de seguros para que me den el ‘ok’ –este es un requisito que piden algunas agencias inmobiliarias para cualquier solicitud–. Así se asegura el dueño de que si no pagas, el seguro lo hace. Pero no puedo ni ver el piso antes. Es el primer filtro. Me piden los papeles, vida laboral, nóminas, el contrato de trabajo… y cuando la agencia te da el visto bueno, se lo pasan a la inmobiliaria y entonces, después puedes ir a visitar el piso», explica. Si se superan los requisitos, «llega la segunda criba. Te va a ver el dueño y va a elegir entre varios candidatos». Y «nunca» es ella la primera opción por más que lo intenta.
«Desesperación»
«Nos cierran la puerta en todos lados, ya no sé dónde pedir ayuda. No quiero dinero, solo un techo»
No se da por vencida. «He hablado con el Ararteko y me han dicho que no me promete nada. Tienen que ver el contrato del piso y a ver qué pueden hacer pero que como es un mercado privado, no pueden meterse. También hablé con la asistenta social del Ayuntamiento y me dijo que me podía dar una fianza de 500 euros. Pero yo no quiero dinero, no es ese mi problema. Yo lo que necesito es que me ayuden a encontrar un piso», explica esta mujer, que se indigna cuando se le menciona el tema de las ayudas. «La chica de Etxebide, donde estoy inscrita, me preguntó si tenía niños y en Cáritas, lo mismo. Y yo me pregunto: ¿qué pasa, que tengo que tener una fábrica de hijos para recibir las ayudas y chupar del bote? Es que estoy viendo que si voy llorándole a la asistenta social y tengo hijos, me dan un piso. Pero ni hablar. No voy a traer un hijo a este mundo sabiendo que mi situación es esta, viviendo malamente, sin poder darle su propia habitación, sus cosas…», reflexiona.
Punto de partida
Cuando el dueño de su casa actual les comunicó que debían marcharse, hace aproximadamente tres meses, esta mujer volvió al punto de partida. Concretamente al año 2018, cuando llegó a Gipuzkoa desde Murcia, donde residió desde los 7 años con sus padres. Terminó Bachillerato y grado superior de Integradora social. «Todo empezó bien. Nos vinimos a Azpeitia y después a Zarautz, pero cuando se acabó el trabajo fuimos a Donostia, me salió otra cosa. No encontrábamos pisos de alquiler y decidimos ir a uno compartido». Lo hizo como último recurso pero le gustaría progresar. «Vida solo voy a tener una y no voy a estar siempre compartiendo piso. Me da igual un estudio, pero ya no tendría que estar esperando una o dos horas para cocinar por turnos». Ni decidir cada noche quién duerme en el suelo y quién en la cama, como estuvo hace unos años en una diminuta habitación en alquiler. También dejaría de tener la vajilla, la caja de verduras o la nevera en su dormitorio. «Al final no es un piso tuyo y la libertad se ve limitada. No puedo traer a nadie, ni llevar a un familiar si vienen a visitarme», lamenta.
Echa de menos a sus seres queridos. «Mi padre vino a España en el 98 pensando que nos iba a dar una mejor vida pero la vida nunca ha sido fácil y aquí ahora no tengo a nadie. Todos emigraron a Francia, Alemania y Países Bajos y viven muy bien. Solo queda mi abuela en Marruecos. Ojalá tuviera un hermano. Tendría al menos un apoyo», comenta sin plantearse «bajo ningún concepto» volver al lugar donde nació. «Ese es mi país madre, este mi país padre y mi vida la tengo en Donostia. Si volviera no sabría vivir porque la gente tiene otra mentalidad. Es difícil empezar desde cero y además hay menos oportunidades de trabajo. Pero ahora ni soy de aquí ni de allá. Te sientes rechazada por ambas partes», comenta con la sensación de soportar a diario una honda «discriminación».
«A mí si me piden mi sangre yo la doy, porque mi vida está hecha aquí, llevo en España 23 años y tengo nacionalidad española en el DNI. Pero sin embargo me siento de fuera y veo que no tengo ningún derecho. Dicen que nosotros no nos integramos. Mentira. Siendo inmigrante siempre te van a mirar de otra manera, aunque tengas la nacionalidad. Si te llamas Fátima eres Fátima. Tu cara no miente y la gente te juzga por fuera. Porque aquí llegan inmigrantes de Marruecos, Argelia… sin papeles y hacen de las suyas y eso da mala imagen y lo pagamos todos. Pero también hay familias inmigrantes que trabajan y luchan», defiende esta mujer que se define como una persona «agradecida» y que quiere «vivir en paz».
«Yo no quiero denunciar ni hacer daño a nadie. Tampoco pido dinero. Solo quiero que me traten como una persona normal y corriente. Mi padre me dijo una vez: ‘Hija, tú trabaja para ser independiente.’ Pero veo que no estoy avanzando. Me da mucha rabia», dice con pesadumbre.
El filtro económico, con el seguro de impago cada vez más extendido
El portazo de los particulares a la mujer inmigrante es sonoro. En las agencias inmobiliarias no existe esa discriminación, pero las condiciones de garantía de pago para cualquier candidato sin distinción hacen de filtro. En Donostia, esa cuantía ronda los 3.400 euros de salida, entre la fianza que se tiene que depositar en el Gobierno Vasco y que luego se devuelve, los honorarios que se pagan a la agencia, y los dos meses de máximo de garantía adicional. A estas condiciones hay que añadirle el seguro de impagos, una figura que se está extendiendo, explica José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Gipuzkoa. Se trata de un seguro que paga el propietario para garantizarse que en caso de que el inquilino no le abone el alquiler, reciba esa cuantía. En este caso, la compañía aseguradora evalúa la capacidad de pago del potencial inquilino en base a sus ingresos declarados.
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