El Ministerio español de Igualdad liderado por Irene Montero (UP) no ha logrado convencer a sus socios en el debate contra la prostitución, enfangando en cuestiones técnicas y en la falta de debate interno. El disenso se centra en dos artículos incluidos en el proyecto de ley de garantía de la libertad sexual con los que Igualdad quiere penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales para ejercer la prostitución.

En el turno de réplicas, la diputada de EH Bildu, Bel Pozueta, ha valorado que «el debate que se plantea de abolición contra regulación está superado por el principio de realidad». «No tiene sentido hablar de regulación cuando alrededor del 90% de las prostitutas son inmigrantes y la práctica totalidad de las que ejerce en la calle está en situación de irregularidad», ha criticado, aludiendo a una «ley de extranjería que reduce sus opciones laborales a las más precarias y alienantes».

Sobre la propuesta abolicionista, ha explicado que «lo que piden estas mujeres no es que nadie las salve de la estrategia de supervivencia que han elegido, sino que sean reconocidas como ciudadanas con voz e iguales derechos que la población local».

«Nunca daremos ningún tipo de apoyo a los proxenetas, pero nunca situaremos a las mujeres en una situación de merma de derechos», ha asegurado a la ministra Irene Montero la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, quien ha apostado por luchar contra la trata y la explotación sexual sin aumentar la vulnerabilidad de las prostitutas y respetando los derechos de todas las mujeres.

«No puede haber un reproche penal si hay un consentimiento expreso por parte de una señora que se considera trabajadora sexual y que alquila un local para ofrecer sus servicios, nos guste o no nos guste», ha advertido en la Comisión de Igualdad la diputada de JxCat Pilar Calvo.

El PNV no ha concretado su opinión sobre los dos artículos, pero su portavoz, Joseba Agirretxea, ha reclamado un debate en profundidad sobre la prostitución y no «meter de ladillo la cuestión en una ley». «¿Tiene usted mayoría absoluta? ¿Cómo lo va a hacer?», ha preguntado convencido de que muchos grupos van a coincidir en que esos artículos «sobran».

La titular de Igualdad, que ha explicado que al perseguir el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa el Estado español cumple mandatos internacionales, ha asegurado que no pretende resolver el debate entre abolicionistas de la prostitución y defensores de los derechos de las mujeres.

«Yo pretendo legislar para proteger los derechos de las mujeres y perseguir a la industria proxeneta», ha recalcado, convencida de que en ello hay un consenso mayoritario en el país.

En esa lucha tendrá el apoyo del PSOE, pero con matices porque este partido ha anunciado que quiere ir más allá y luchar por la abolición de la prostitución.

«No podemos permitirnos que España lidere el ranking de países donde los hombres violan a las mujeres», «la prostitución no es un trabajo, es una vulneración de los derechos humanos de las mujeres», ha manifestado la portavoz del PSOE Laura Berja.