Rabat. Los países de la Europa del sur, en especial España, Francia e
Italia, se encuentran sometidos en los últimos años a una afluencia masiva
y descontrolada de flujos migratorios procedentes principalmente de las ex
colonias francesas de África. La cuenca de la AOF (Africa Occidental
Francesa), a la que se añaden algunos países anglófonos, como Nigeria,
Ghana y Liberia, atraviesa una crisis política sin precedentes, cuya
consecuencia inmediata es la emigración masiva de centenares de miles de
subsaharianos hacia Europa.
   El régimen francés ha encontrado en el
Gobierno español, y en especial en el ministro de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, un defensor a ultranza de los «intereses europeos», que para
París se confunden con los suyos propios. De ahí la propuesta de reunir la
conferencia ministerial en Rabat para discutir un «plan de acción»
elaborado por Francia y que los países africanos participantes deberán
aprobar.
   El mencionado plan comprende una gran mayoría de medidas de
carácter represivo, control fronterizo, patrullas mixtas, formación de
unidades especiales de la policía para luchar contra la inmigración
ilegal, así como medidas económicas tendentes a incentivar el desarrollo
endógeno y programas de cooperación humanitaria.
   Pero,
todo ello, con un matiz importante: España deberá llevar el peso
fundamental del control de las fronteras europeas en el Atlántico y en el
Mediterráneo aunque, por el momento, sin que se concrete con qué apoyos
por parte del resto de países.
   En un mensaje dirigido al ágora
multinacional que se reúne en Marruecos, el verdadero organizador del
foro, el presidente francés Jacques Chirac habla de un «combate», llevado
a cabo «respetando la dignidad humana pero con firmeza», del que se
desprenda «una cooperación reforzada y más eficaz entre países de origen,
de tránsito y de destino» de la inmigración ilegal.
   Para el Jefe de Estado galo la cooperación se centra en «una lucha
enérgica contra las redes mafiosas, la cooperación policial, judicial y
técnica para mejorar la vigilancia de fronteras, y una buena aplicación de
los acuerdos de readmisión».
   El conjunto de medidas que
los 57 países presentes en la cumbre de Rabat van a aprobar ya estaban
contenidas en el Plan de Acción elaborado en la capital senegalesa, Dakar,
que había enumerado medidas concretas para frenar los flujos migratorios
procedentes de África central y occidental.
   A pesar del apoyo
sin condiciones de España y Marruecos al proyecto francés, España como
«subcontratista» y Marruecos como ex colonia que goza de una protección
especial por parte del Gobierno francés y que realiza con la misma un
éxito diplomático incuestionable, la Conferencia de Rabat no ha sido capaz
de hacer frente a los problemas de fondo de África.
   En el seno
del continente se perfilan dos visiones del ingente problema migratorio al
que se enfrenta España: la franco – marroquí, que lo considera un problema
humanitario; y la argelina, que ve un problema político ligado a la
descolonización. Francia ha arrastrado a la Conferencia a los países
partidarios de la percepción humanitaria.
   Sin embargo una
veintena de naciones africanas, con África del Sur, los países de los
Grandes Lagos y del este africano y Argelia a la cabeza, la han boicoteado.
   Para estos últimos, «la única manera de hacer frente al problema de la
immigración ilegal reside en la co – gestión del problema entre la Unión
Europea y la Unión Africana», aunque esta última ha estado ausente en la
organización del evento.