Para Lea Tavares Mujinga, Monique Bintu Bingi, Noëlle Verbeken, Simone Ngalula y Marie José Loshi las excusas pronunciadas en abril de 2019 por el ex primer ministro de Bélgica Charles Michel – ahora presidente de Consejo Europeo – ante el parlamento federal belga no bastan. De madre congoleña y padre belga, las cinco mujeres nacieron entre 1946 y 1950 en el Congo, durante la época en la que el territorio era una colonia belga, y las cinco, como miles de mestizos más, fueron arrancadas de su hogar y enviadas a orfanatos e instituciones religiosas, a kilómetros de sus casas, en una práctica sistemática. Este jueves se han personado ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para presentar una demanda de responsabilidad civil contra el Estado belga a quien acusan de crímenes contra la humanidad.

“Mis clientes fueron secuestradas, maltratadas, ignoradas y expulsadas del mundo. Son la prueba viviente de un crimen de estado no reconocido, y pronto no quedará nadie para testificar. Si están luchando para que se reconozca este crimen, es por sus hijos, sus nietos, porque el trauma se transmite de generación en generación. Le pedimos que en nombre del crimen condene al Estado belga”, ha reclamado su abogada, Michèle Hirsch, quien ha criticado que cuando el gobierno pidió excusas hace dos años y medio no tuvo la valentía de ir hasta el final. “Excusas para la historia sí pero reparación para las víctimas no”, ha reprochado sobre uno de los capítulos más oscuros de la era colonial belga. 

Además de condenar a Bélgica reclaman una indemnización provisional de 50.000 euros por persona, el nombramiento de un experto para evaluar el perjuicio moral, que el Estado se haga cargo de las costas del proceso y acceso a los archivos y documentos de la época colonial. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que entre 15.000 y 20.000 niños nacidos en Ruanda, Burundi y Congo, cuando los tres países eran colonia belga, fueron separados de sus padres y familias, en lo que Naciones Unidas ha calificado de discriminación racial “endémica”, y enviados a instituciones religiosas o adoptados por familias belgas. 

“Durante la colonización los mestizos eran considerados como una amenaza para la supremacía de la raza blanca y había que apartarlos”, ha relatado Hirsch, que también ha defendido a víctimas del genocidio de Ruanda, sobre un colectivo al que denominaban “hijos del pecado” nacidos de padres blancos y madres africanas. La defensa ha relatado la historia personal de cada una de ellas y como fueron arrancadas a la fuerza para ser internadas en el orfanato de Katende. “Éramos 22 niñas confiadas a las Hermanas de San Vicente de Paul, neerlandófonas que nos llamaban los niños del pecado y que nos decían que nuestra madre era una prostituta”, relatan una y otra vez las protagonistas de esta historia. 

“¿Por qué el Estado vino a buscarnos? Teníamos madres, familias que estaban bien. Por qué?”, se preguntaba hace unos meses Monique Bitu Bingi, arrancada de su madre a los cuatro años, junto al resto de septuagenarias. Este jueves ha vuelto a alzar la voz para denunciar que la práctica sistemática del estado colonial. “Nos destruyeron. Las excusas son fáciles pero cuando realizamos un acto hay que asumirlo”, ha exigido Monique Bitu Bingi, que ha denunciado que el Estado belga, “papa estado” como lo llaman, les abandonó por segunda vez tras la independencia del país, cuando evacuaron a las religiosas pero las dejaron atrás. La sentencia se conocerá en las próximas semanas.