Diversas organizaciones humanitarias y asociaciones se reunieron ayer en un acto en la capital grancanaria para defender los derechos de las personas migrantes y refugiados que llegan a las islas y combatir, al mismo tiempo, los discursos populistas y xenófobos que han proliferado entre la sociedad con la crisis migratoria. De esta manera, Cáritas, la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, Caminando Fronteras, la Fundación Main de las Salesianas y la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias celebrarán este domingo una jornada de sensibilización sobre la realidad de estas personas bajo el lema «Hacia un nosotros cada vez más grande».

La idea, explica la directora del Secretariado Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, María Dolores López, es tender puentes y que nos sintamos un solo mundo. «Se globaliza el dinero y las mercancías, pues que se globalicen también los derechos humanos, como es el de migrar», ha estimado, asegurando que el único «victimismo» es el que se les ocasiona a estas personas «al no acogerlas dignamente» y al no trabajar con ellas «en origen, tránsito y destino».

En este sentido, el abogado Daniel Arencibia ha confiado en que no se vuelva a producir «nunca más el espectáculo y el trato degradante» que se dio en 2020 en el muelle de Arguineguín a miles de personas en un repunte migratorio cuya gestión puso de manifiesto, a su juicio, «que lo podemos hacer mucho mejor».

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Entre los asuntos pendientes continúa la oficina de atención a los desaparecidos en esta ruta, que algunas organizaciones cifran en 700 y que Caminando Fronteras reconoce que estarían incluidas en las 1.922 víctimas que ha contabilizado en los seis primeros meses de este 2021.

Otra de las cuestiones urgentes para Arencibia es que el Gobierno español solucione las carencias que presenta la tutela en solitario de los más de 2.500 menas que asume Canarias, pese a que en otras comunidades «hay plazas libres» y permitirían dar un trato más digno a estos chicos. El abogado también ha llamado la atención sobre las 600 personas que permanecen en el CATE de Barranco Seco por ser contactos estrechos de personas contagiadas de la covid-19.

Por otro lado, preocupa qué mecanismos está arbitrando el Gobierno para ejecutar las órdenes de devolución pasadas las 72 que rige la legislación. «Si no se les puede devolver, quedan en libertad y pueden moverse por todo el Estado. No podemos volver a ver un tapón en los aeropuertos con identificaciones por razón de raza», ha apostillado.

Sobre la peligrosidad de la ruta migratoria canaria, María González, de Caminando Fronteras, subrayó las condiciones cada vez más precarias de las embarcaciones y ha asegurado que el 33% de las contabilizadas hasta junio sufrió algún tipo de tragedia, por lo que ha secundado a los sindicatos de Salvamento Marítimo que demandan más recursos.