El cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus impidió repatriar a más del 60 % de los extranjeros condenados en la provincia de Barcelona, a quienes se les habían sustituido las penas de cárcel por la expulsión de España.

En su memoria de actividad del año 2020, a la que ha tenido acceso Efe, las fiscales de Extranjería de Barcelona, Pilar Izaguerri y Sara Gómez, exponen el impacto que tuvo en su jurisdicción el coronavirus, que además de frenar las expulsiones obligó a clausurar durante cerca de siete meses el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), porque el cierre de fronteras hacía inviables las repatriaciones.

Esa circunstancia derivada del coronavirus ha obligado a revocar, en un 60 % de los casos, las repatriaciones de extranjeros condenados en España a los que se había sustituido parcial o totalmente la pena de cárcel por su expulsión de territorio nacional, una posibilidad prevista en la Ley de Extranjería.

Concretamente, la ley prevé que en penas de más de un año de cárcel impuestas a un extranjero no comunitario en los comunitarios solo se aplica este artículo en caso de estimarse un peligro para la seguridad, se pueda sustituir la prisión por la expulsión de territorio nacional.

En el caso de las sentencias más graves, de más de cinco años, el juez o tribunal debe acordar el cumplimiento de toda o parte de la pena en prisión y, posteriormente, la expulsión del procesado por el resto de la condena o cuando acceda al tercer grado o la libertad condicional.

Ante la situación provocada por el coronavirus, se ha revocado la medida de expulsión sustitutoria de la pena de cárcel en un 60 % de casos de extranjeros que debían ser repatriados en 2020 cerca de un centenar en la provincia de Barcelona, parte de los cuales han accedido ya a la libertad condicional.

También han quedado en suspenso gran parte de los expedientes administrativos de expulsión de extranjeros “sin papeles” por la imposibilidad de materializar las repatriaciones debido al cierre de fronteras, con la excepción de los procedentes de países como Colombia o Chile, con los que las autoridades españolas han cerrado acuerdos.

De acuerdo con la memoria de extranjería, en los casi cinco meses en que el CIE de Barcelona estuvo en funcionamiento durante 2020, el grueso de internos 209 de 269 fueron migrantes procedentes de pateras y embarcaciones clandestinas interceptadas en la costa española, que permanecieron un promedio de un mes en el recinto.

Durante los meses en que estuvo cerrado, se llevaron a cabo obras de reforma en las instalaciones y se abrió un módulo para el ingreso de mujeres, con espacios totalmente diferenciados que impiden incluso la coincidencia visual con los reclusos hombres.

Pese a llevar ya cerca de un año abierto, no ha ingresado ninguna mujer en el nuevo módulo, que se está utilizando por el momento para los aislamientos preventivos de internos positivos o sospechosos de estar contagiados de coronavirus, según las fiscales de Extranjería.