Nunca tan pocos hicieron tanto ruido por una simple manifestación. Me refiero a esos radicales homófobos que ocuparon la calle del barrio madrileño de Chueca con gritos y consignas contra los homosexuales. Fueron unas decenas de tipos, pero este domingo dieron la noticia política del fin de semana. Tal como los trataron los medios y los partidos políticos incluido Vox, para sorpresa de algunos dio la impresión de que se trataba de una rebelión ciudadana contra el avance del movimiento LGTBI . La ministra de Igualdad anunció la presentación de una querella. «Esto es la punta de lanza de la ola reaccionaria», calificó Íñigo Errejón. Podemos y Más Madrid exigieron la dimisión o el cese de la delegada del Gobierno. Tal exageración procede del clima sensible creado por las agresiones homófobas, por el discurso del odio y por la simbología nazi utilizada por los manifestantes.

Ayer la Fiscalía anunció una investigación y vive Dios que es precisa. Hace falta aclarar si la asociación vecinal porque ha sido una pacífica asociación vecinal la que convocó y comunicó a la autoridad administrativa la protesta es un grupo neonazi camuflado. Hace falta saber si la Delegación del Gobierno ha sido engañada, porque se adujo como motivo las Agendas 2030/2050. Hace falta saber si esa delegación tenía conocimiento de quiénes eran los comunicantes. Y hace falta saber si el respeto a la libertad constitucional de expresión y de manifestación va a servir para todo: para rendir homenaje al etarra Parot, autor de 39 asesinatos, o para incitar a la violencia por razones de identidad o de inclinación sexual.

Este cronista no se suma a quienes pidieron la dimisión de la delegada. Si la ingenuidad es motivo para enviar a casa a un cargo público, no hace falta un delito de odio. Pero sí hace una consideración que le parece seria y trascendente: vale que unos radicales engañen a la autoridad sobre los objetivos de una convocatoria de masas; vale que esa autoridad no perciba el engaño; vale que no se pueden hacer prohibiciones preventivas; lo que no vale es que el derecho de manifestación no tenga límites en la práctica; lo que tampoco vale es que la bandera nacional sea mezclada con símbolos nazis sin que nadie lo impida; y lo que no vale de ninguna forma es la actitud tolerante de los mandos de la policía local y nacional.

Quizá no se puedan hacer prohibiciones preventivas. Pero, una vez comenzada la manifestación, oídas sus reales intenciones, escuchados sus gritos y vistas sus pancartas, alguien tiene que ordenar la actuación de la policía y, si hace falta, la detención de los cabecillas. Y un añadido: ya está bien de que la bandera de España sea utilizada precisamente por la extrema derecha y sus grupos de agitación. De esa forma, la enseña terminará siendo percibida como un símbolo de la ultraderecha, si no lo está siendo ya.