María es una chilena de 33 años que llegó a Barcelona acompañando a su marido, que iba a seguir un curso de posgrado. Aunque tiene pasaporte español, al parecer no pudo evitar que su acento condicionara el alquiler de un piso. El presupuesto de esta pareja sufrió las consecuencias, ya que, después de visitar decenas de viviendas y encontrar solo una que les gustara, tuvieron que acabar pagando dos meses de fianza y seis de aval bancario, lo que supuso congelar 6.000 euros de golpe.
“Ofrecimos al dueño pagar todo el año para no inmovilizar ese dinero, pero él no lo aceptó”, cuenta ella. “Al principio me resigné, pues pensé que eran las reglas del juego. Pero un amigo me comentó que esas exigencias no se las impondrían a alguien de aquí, lo que me llenó de indignación”, agrega María.
El enfado aumenta al recordar que, precisamente, su piso en Chile lo alquiló a una mujer francesa. “Jamás pensamos ponerle tantas condiciones por el hecho de ser de otro país”, explica.
A la portavoz de SOS Racisme, Begoña Sánchez, no le extraña el caso, ya que en esta oenegé son frecuentes las denuncias de inmigrantes que sufren abusos en alquileres. “Tanto las agencias inmobiliarias como los propietarios se comportan así. Entendemos que la gente se quiera proteger, pero ello no se puede hacer a través de prácticas discriminatorias y moralmente inaceptables. Se han generalizado las malas experiencias con inmigrantes y ahora se les ponen condiciones más duras que a la gente de aquí”, dice.
La portavoz de la ONG señala que ante esta situación “no es de extrañar que en un piso terminen viviendo más personas que las pactadas, porque estas condiciones, que se suman al elevado importe de las mensualidades, es imposible afrontarlas con dos o tres personas, en especial si son jóvenes”.
La agente inmobiliaria Marta Esteban revela que los dueños piden ver cómo son, de dónde vienen y qué harán en Barcelona los arrendatarios. “Solo una vez alquilé a gente que venía sin papeles a montar algo, y todavía lo estoy sufriendo porque nunca tienen dinero”, cuenta.

La sobreprotección
Esteban acepta que a veces los avales son excesivos, pero argumenta: “Les dejas un piso que no vale menos de 250.000 euros y que lo pueden destrozar, como me ocurrió a mí con unas mujeres peruanas. El propietario debe buscar, entonces, la forma de proteger su vivienda, porque no está cubierto por nadie”.
En el Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida niegan rotundamente que exista ninguna discriminación hacia los inmigrantes a la hora de fijar las condiciones para alquilar un piso.
“Como el alquiler se prolonga en el tiempo, el propietario quiere tener la seguridad de que la otra parte va a pagar cada mes. Es verdad que para determinadas personas es más difícil cumplir con estas garantías, pero eso no hay que confundirlo con la discriminación”, afirma Josep Maria Gual Banús, presidente de la entidad que vela en esta materia por la ética profesional y los derechos de los ciudadanos.
El presidente del colegio añade: “Lo que ocurre es que el ciudadano de aquí ya tiene un empleo estable o bien cuenta con familiares que le pueden avalar, circunstancia que no se produce en el caso de un recién llegado, lo que siembra las dudas en el arrendador”.

Cuestión de bolsillo
Gual Banús sostiene que las garantías que se piden a unos y otros son las mismas. “Un ejemplo claro de que no hay discriminación es que cada septiembre llegan miles de estudiantes de toda Catalunya a estudiar a Barcelona, y a ellos también se les piden una serie de requisitos de solvencia de sus padres o familiares para alquilarles un piso. Es un tema de bolsillo y no de raza”, comenta.
El presidente del colegio reconoce que la gran demanda de pisos de alquiler en Barcelona hace que los propietarios puedan exigir más garantías, ya que si un candidato no puede cumplirlas, al poco tiempo vendrá otro que sí lo hará. “Tampoco ayuda que la Administración no facilite el desalojo de los que no cumplen. En EEUU pasa menos de un mes desde que se hace la denuncia hasta el desahucio, mientras que aquí puede transcurrir un año”, concluye.
Pasa el tiempo y la estancia en Barcelona de la chilena María y su marido está a punto de acabar sin retrasos en el pago del alquiler y con el piso en iguales condiciones que el primer día. Pero, mientras el dueño no ha tenido problemas, ellos debieron pedir un préstamo para cubrir sus exigencias.