El Gobierno tiene «voluntad» de abonar los 1.144 millones de ayudas en octubre

El presidente del Gobierno indicó ayer que ya se ha dado orden de pago para 5.100 empresas, el 20% de las solicitudes presentadas

Canarias 7, B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria, 31-08-2021

El Gobierno de Canarias tiene «voluntad» de abonar los 1.144 millones de ayudas financiados por el Estado a las empresas afectadas por el covid antes de que acabe el mes de octubre. Así lo anunció ayer el presidente, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa celebrada después del Consejo extraordinario con el que el Ejecutivo ha dado comienzo al nuevo curso político.

De momento, el departamento de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Máñez, ya ha dado orden de pago de estas ayudas a 5.100 empresas y autónomos de las islas, lo que supone un 20% de las presentadas. La Consejería, dijo el presidente, ha estado trabajando «a destajo» para hacer efectivos estos abonos y a partir de septiembre «se intensificará el ritmo», por lo que la voluntad, agregó, es culminar el pago de estos incentivos dos meses antes del plazo establecido por el Gobierno central.

Techo de gasto El Gobierno conoció ayer la propuesta de techo de gasto para los presupuestos de 2022 presentado por el consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Presentación del techo de gasto sobre la propuesta de 2022.

Incendios Ya se ha incoado expediente para ayudar a los damnificados del incendio de la Palma, según la cuantificacion de daños que realiza Gesplan.

Las 5.000 solicitudes ya aprobadas corresponden a autónomos que tributan por módulos (Línea 1) y autónomos y empresas que cuentan hasta con 10 empleados en plantilla. Hasta que no se hayan pagado todas las ayudas correspondientes a estos dos grupos no se continuará con los siguientes, según apuntó ayer la Consejería de Economía. En la primera de estas líneas, a la que se ha destinado un total un total de 70 millones de euros, se presentaron 8.348 solicitudes. En cuanto a los autónomos y empresas que tengan en nómina hasta diez trabajadores, se recibieron 14.104 solicitudes, las más numerosas. Este grupo cuenta con una partida de 650 millones de euros y el máximo que puede recibir cada empresa es de 500.000 euros.

Torres afirmó tajante que «se entregará a la sociedad canaria la totalidad de los 1.144 millones» aportados por el Estado la mayor partida que recibida por una comunidad autónoma para paliar el daño que han sufrido las empresas por la crisis derivada de la pandemia, cuya fecha limite de pago es el próximo 31 de diciembre.

Convenios para menores
Por otro lado, el presidente del Gobierno también se refirió al repunte migratorio que se ha experimentado en las últimas semanas a las costas de las islas y al aumento registrado de mujeres y niños en las llegadas.

En este sentido, Ángel Víctor Torres se mostró partidario de establecer convenios que permitan la devolución de menores siempre que se observen todas las garantías jurídicas, preservando los derechos de los menores y garantizando que existe el reagrupamiento familiar y se testifique que los jóvenes llegan a su familia o tutor. En estos casos, manifestó el jefe del Ejecutivo, «compartiríamos que se firmen convenios de colaboración con Marruecos y otros para que vuelvan a sus hogares».

Detalló que este año han llegado 9.085 inmigrantes y en la actualidad quedan en las islas 1.900 personas mayores de edad, lo que significa que «hay miles y miles que se han derivado a la península o han seguido su tránsito». Indicó que la preocupación del Gobierno ha sido que Canarias no se convierta en el destino final de la inmigración pero estos números «echan abajo esta tesis». La situación de África, dijo, agravada por la covid, provoca que en estos momentos sea cuando más personas estén muriendo en el mar «porque se están lanzando en peores embarcaciones y con peores condiciones».

En las islas quedan unos 2.600 menores que son responsabilidad de la comunidad. En este sentido, reiteró que el Gobierno «no comparte el actual marco legislativo porque los menores, igual que los mayores que llegan a zonas fronterizas, están en Europa exactamente igual que si tuvieran más de 18 años». Por eso, entiende que es necesaria una normativa «estatal y europea de solidaridad obligatoria, de compartir esa responsabilidad».

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)