Sevilla – El Gobierno central transferirá este año a Andalucía 20,5
millones de euros procedentes del Fondo para la Acogida e Integración de
Inmigrantes y el Refuerzo Educativo, de los cuales 8,22 millones irán
destinados a los municipios con mayor presión migratoria, lo que supone el
42 por ciento de la asignación.
   La consejera de Gobernación,
Evangelina Naranjo, apuntó que esta partida supone un aumento del 56,25
por ciento respecto al año pasado, en el que Andalucía recibió 13,2
millones de euros. Naranjo explicó que el número de Ayuntamientos que
recibirán recursos de este fondo estatal, destinado a la integración de la
población inmigrante, es de 112, doce más que en 2005. La cantidad que
este año gestionarán directamente las corporaciones locales puede alcanzar
los 83.500 euros. El resto, 12,3 millones de euros, será gestionado por la
Junta para programas de refuerzo educativo, acogida y sensibilización
fundamentalmente. Según explicó la consejera, las 112 localidades
beneficiarias concentran el 82,6 por ciento de la población inmigrante en
Andalucía, un porcentaje que en 2005, con la selección de cien municipios,
fue del 84,74 por ciento, «con lo que el reparto del fondo este año da una
mayor cobertura a este colectivo». Los municipios beneficiarios y las
cantidades que llegarán a cada uno de ellos se han determinado a través de
unos criterios objetivos pactados previamente con la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP).
   Por su parte, el delegado del
Gobierno en Andalucía explicó que cuando hace dos años se constituyó el
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «la situación de la inmigración
se caracterizaba por la ausencia de una política migratoria». Zapatero
recordó que existían cientos de miles de inmigrantes que vivían
ilegalmente y que trabajaban en la clandestinidad, que lleva a la
explotación.
   Gracias al proceso de normalización extraordinario
de inmigrantes se consiguió que más de 700.000 personas «pasaran a ser
ciudadanos de derechos y deberes», de lo que unos 72.000 vivían en
Andalucía.
   Según López Garzón, el Gobierno central basa su
política de inmigración en tres pilares: asignar recursos económicos,
favorecer la cooperación internacional y perseguir la inmigración ilegal.
El delegado del Gobierno recordó que provincias como Almería, Huelva y
Málaga «no podrían alcanzar ni mantener el PIB que tienen sin la mano de
obra de los inmigrantes» y explicó que sólo en Huelva trabajan 32.000
inmigrantes en la recogida de la fresa, un colectivo que cuida a dos
tercios de las personas dependientes en región.