La Comisión Europea parece haber aprendido bien las lecciones del pasado. La presidenta Úrsula von der Leyen está decidida a evitar a toda costa que se repita lo que sucedió en la crisis de los refugiados sirios que empezó en 2015 y que provocó una fractura gravísima entre varios países y las instituciones comunitarias, cuando sus gobiernos se negaron a acoger la cuota de demandantes de asilo que les pedía la Comisión, presidida entonces por el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

El miedo a que una nueva llegada masiva de extranjeros pudiera a su vez espolear a los partidos populistas de corte euroescéptico o a los gobiernos que estos ya controlan constituye la mayor pesadilla para Bruselas, especialmente si se piensa que este mes de septiembre son las elecciones generales en Alemania, el país más importante de la UE, y que el tema podría entrar en la recta final de la campaña.

Von der Leyen ha empezado lanzando un mensaje muy claro en este sentido: «Afganistán no es un problema unicamente europeo, sino que afecta a todo el mundo», dijo el martes pasado al término de la reunión virtual del G-7. «Los países miembros son los encargados de decidir qué harán con aquellos que han traído a sus territorios respectivos con visas humanitarias» y mientras tanto ya existe una unidad que está a punto de coordinar una fórmula de reubicación voluntaria de esas personas», dijo Von der Leyen, para que los gobiernos no adopten tampoco políticas tan divergentes que generen reacciones conflictivas por parte de los vecinos.

Sin cuotas

Es decir que la presidenta descarta completamente la idea que se utilizó en la anterior crisis de establecer cuotas obligatorias, incluso aunque fueran, como se acabó aceptando entonces, intercambiables con aportaciones económicas destinadas a aquellos que sí acepten acogerlos. Hay países como Austria que ya ha descartado formalmente aceptar a afganos y el canciller Sebastian Kurz ha declarado que su país «ya ha hecho una contribución desproporcionada» en apoyo a Afganistán, pero hay otros que están sintiendo presión social para que los acojan.

Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, declaró esta semana que en la UE «hemos aprendido la lección de 2015 para que no nos encontremos frente a una nueva crisis migratoria», y subrayó que los estados miembros no deben tomar medidas unilaterales por su cuenta y, en cambio, actuar como un bloque unido antes de que el problema llegue a Europa. «No deberíamos esperar hasta que tengamos refugiados afganos en nuestras fronteras. Tenemos que intervenir mucho antes. Y eso también, por supuesto, incluye invertir más dinero».

En efecto, la gran diferencia con el problema que se creó en la UE con la llegada de los sirios es que ahora los afganos no han llegado (todavía) a las fronteras europeas, como sí sucedió en 2015 cuando las islas griegas se llenaron con millones de personas que huían de la guerra y que unicamente tuvieron que atravesar una franja de Turquía para llegar a las puertas de Europa. La segunda es que los europeos no descartan negociar con los talibanes, cosa que rehusaron hacer con el dictador sirio Bashar al Assad. Tanto Von der Leyen como el Alto Representante Josep Borrell han manifestado claramente que la idea no les repugna. Borrell lo ha llegado a justificar por el hecho de que «ellos han ganado la guerra».

El factor turco

Queda el factor turco, que fue el elemento que si por un lado permitió aliviar la presión migratoria sobre la UE por el otro convirtió al autócrata de Ankara, Recep Tayyip Erdogan, más que en un árbitro, en un jugador con la posibilidad de chantajear a la UE a base de amenazar con dejar pasar a los demandantes de asilo, incluyendo ya entonces junto a los sirios a una proporción relevante de afganos que tal vez temían que sucediera lo que finalmente ha acabado pasando. Las noticias de que Kazajistán, un país de Asia central próximo a la frontera afgana, ha desmontado los campos de refugiados que acababa de levantar para acoger a decenas de miles (se hablaba de 70.000 en un primer momento) de sus vecinos afganos se pueden interpretar también como una estrategia para esperar a que se lo pidan los europeos, de manera que puedan poner antes un precio, siquiera político, a las peticiones de ayuda que muy probablemente llegarán de la UE.

En todo caso, la idea de Von der Leyen es aprovechar esta crisis para acabar de convencer a los países miembros de que deben trabajar para acordar la necesaria reforma de la reglamentación sobre asilo y migración, una piedra en la que han tropezado reiteradamente todos sus antecesores. «Estoy convencida de que ha llegado el momento de que los países se pongan por fin de acuerdo en la reforma de la legislación sobre migración y asilo».