madrid. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó ayer que sería “muy serio” que, antes de que acabara su legislatura, el Gobierno no hiciera “honor” a su decisión de establecer en esa fecha un mecanismo de revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Durante una rueda de prensa sobre la labor de UGT en el diálogo social durante los dos últimos años, Méndez valoró el proceso de negociación, donde “se han sentado las bases para propiciar un proceso de transformación social”.

En este sentido, puso como ejemplo de ello la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad, que han permitido, en su opinión, “ensanchar las fronteras de derechos en España”.

En cuanto al mercado laboral, destacó el proceso de legalización de los inmigrantes, “que ha permitido la reducción de la economía sumergida”, las medidas para propiciar la estabilidad en el empleo y las destinadas a erradicar la “lacra” de los accidentes laborales.

Así, habló del concepto de “flexiseguridad”, con condiciones de trabajo flexibles, pero también con seguridad para los empleados.

pensiones También señaló sobre el acuerdo de la reforma de las pensiones, que se firmará el 13 de julio, “que mejorará la estabilidad financiera del sistema y abrirá un camino para atender la salud laboral y las condiciones de trabajo”.

Entre las medidas que contiene el acuerdo destacó la necesidad de tener que cotizar 15 años para tener derecho a una pensión, el reconocimiento de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la actualización y registro de las enfermedades profesionales.

Asimismo, destacó como materias pendientes en la gestión de estos dos últimos años la política industrial, la estrategia española de seguridad y salud, la representación institucional y la estructura y reglas de la Negociación Colectiva.

A este respecto, señaló que su sindicato desea llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de Negociación Colectiva, aunque reconoció que “es muy complicado, a pesar de que hay referencias positivas, como la de 1997, aunque luego se metió por medio un gobierno y se abortó”. En cualquier caso, aseguró que el actual sistema “no tiene desajustes serios, funciona razonablemente bien y se adapta a las situaciones cambiantes en el mercado de trabajo”. También añadió que es un sistema “flexible y eficaz” y señaló que si no fuera así, “España no sería una de las economías más abiertas del mundo”.

Además, manifestó que el cambio en el modelo productivo compete, sobre todo, al Gobierno, “con una mejora en la calidad del empleo, en los niveles formativos y en el capital tecnológico”.

En este sentido, mostró su confianza en que la Ley de Educación signifique una mejora en la formación y de que la Ley del Suelo suponga un cambio en el aspecto especulativo. >efe