Desde este miércoles, los que llegan a la frontera de EE UU, tras recorrer miles de kilómetros huyendo de la persecución, se encuentran las puertas cerradas. El Supremo ha obligado al Gobierno de Joe Biden a cumplir con la ley de Donald Trump que desde enero de 2019 les permite enviar de vuelta a México a los solicitantes de asilo político procedentes de terceros países para que aguarden allí hasta que concluya el proceso, que puede durar meses o años.

Como consecuencia, una hilera de destartalados campos de refugiados han surgido en la frontera desde Laredo hasta Tijuana. Sólo en los primeros nueve meses, 56.000 personas, entre ellas 16.000 niños de los cuales 500 tenían menos de un año, habían sido enviadas a este limbo. Human Rights First documentó para entonces 816 casos de secuestro, violación, tortura y asaltos. Las víctimas procedían de Honduras, Guatemala, Cuba, El Salvador, Ecuador, Venezuela y Nicaragua.

Presionado por las asociaciones de derechos humanos y la opinión pública, Biden suspendió el programa ‘Quédate en Mexico’, pero los Estados de Texas y Missouri retaron esa decisión en los tribunales con el argumento de que les obliga a expedir más documentación y agrava el gasto de los programas sociales. Missouri ni siquiera tiene frontera con México, pero su fiscal Eric Schmitt declaró airado que permitir a los solicitantes aguardar en EE UU la resolución de un proceso que sólo acaba favoreciendo al 1% ha hecho proliferar el negocio de los traficantes de drogas y de seres humanos. «Y eso no sólo afecta a Texas, sino a Missouri», sostuvo. «Cualquiera que esté poniendo atención sabe que vivimos récords de 21 años».

Un juez de Texas les dio la razón y ordenó al Gobierno que implementase de nuevo el programa. La semana pasada el magistrado Samuel Alito concedió un breve aplazamiento para que el pleno del Supremo pudiera decidir, pero ahí el ala progresista se quedó en minoría. En la breve resolución de apenas 10 líneas, el alto tribunal rechaza la solicitud de aplazamiento a la que, matiza, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y el juez sustituto Stephen Breyer habían accedido.

Suspensión «arbitraria»
La victoria de los Estados conservadores puede ser temporal, porque el Gobierno ha apelado la decisión del juez texano ante el quinto Tribunal de Apelaciones que tiene que decidir su caso, pero la del Supremo es una alerta roja. El tribunal cree que la suspensión de ese protocolo migratorio fue «arbitraria y caprichosa», el mismo argumento que dio al Ejecutivo de Trump cuando este intentó suspender el programa de Barack Obama para legalizar temporalmente a los hijos de inmigrantes conocidos como soñadores.

El programa de ‘Quédate en México’ se enfrenta a la resistencia de México, que solo lo aceptó en su día por el brutal chantaje de Trump. Además, contraviene las obligaciones internacionales de la convención de refugiados y hasta las aprobadas por el Congreso estadounidense.