Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que en los centros de internamiento para extranjeros de Canarias se siguen vulnerando algunos Derechos Humanos de los inmigrantes, aunque la organización también reconoce que se han producido mejoras en relación con el rescate en alta mar, la atención a pie de playa y las condiciones de acogida. Ésta es la principal conclusión de una misión de investigación de AI que visitó el pasado mes de junio los centros de Tenerife, la isla canaria que ha recibido más sin papeles en lo que va de año.

Itziar Ruiz – Giménez, experta de AI en refugiados e inmigración, pidió al Gobierno español una «investigación exhaustiva» sobre los incidentes que se produjeron en la valla de Melilla en la madrugada del lunes, en los que murieron tres inmigrantes. Ruiz – Giménez pidió, para esclarecer los hechos, «una comisión independiente de expertos en Derechos Humanos». También lamentó que el ministro del Interior se hubiese comprometido a informarles del avance de las averiguaciones y, sin embargo, hayan conocido «por un medio de comunicación que una de las autopsias revela que uno de los fallecidos presenta una herida de bala [en referencia a la información que publicó EL MUNDO el pasado jueves]».

En su visita a los centros de Tenerife, los representantes de AI observaron que «no se está dando asistencia letrada en los procedimientos de devolución. Tampoco asistencia social, ni se está permitiendo el acceso de las ONG a los centros». Ruiz – Giménez consideró que «estos aspectos son fundamentales para que quienes tengan derecho a pedir asilo, por haber sufrido persecución en sus países, puedan hacerlo».

Refugiados que huyen

La portavoz de AI señaló que «las autoridades españolas presumen que todos los sin papeles que alcanzan las costas son inmigrantes económicos, cuando en realidad muchos de ellos son refugiados que vienen huyendo de países en los que se violan sistemáticamente los Derechos Humanos». Para Ruiz – Giménez, «no hay mecanismos adecuados para identificar a estas personas».

Ruiz – Giménez fue especialmente crítica con los acuerdos de readmisión firmados por España con terceros países, como Marruecos o Mauritania, ya que, según dijo, «no garantizan que los inmigrantes vayan a tener un trato digno». En su opinión, estos convenios promovidos por el Gobierno español suponen «una delegación inadmisible de su responsabilidad de control» y «fallan al no tener en el centro a los Derechos Humanos».

Asimismo, el director de la oficina de AI ante la Unión Europea, Dick Oosting, mostró su «preocupación» porque la protección de las libertades elementales y de los refugiados no será tratada en la Conferencia Euroafricana, que se celebrará en Rabat los próximos 10 y 11 de julio. Oosting instó a España y a la UE a abandonar su actual política «represiva» de control migratorio y a buscar un equilibrio entre los intereses europeos y los africanos.