La mayoría de quinielas lo situaban fuera del Ejecutivo pero Fernando Grande-Marlaska consiguió sobrevivir a la crisis de Gobierno que Pedro Sánchez materializó el pasado julio y mantener a salvo su cartera. Sin embargo, su continuidad al frente del Ministerio del Interior podría tener los días contados. Su estrategia de devolver a los menores no acompañados a Marruecos en grupo saltándose supuestamente la ley de Extranjería, y que le ha afeado hasta la Audiencia Nacional, deja a Marlaska en una situación delicada. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta considera que en estas repatriaciones no se han cumplido los «preceptivos trámites» que marca la legislación y este martes resolvió mantenerlas paralizadas hasta que se resuelva el fondo de litigio.

En su auto, la jueza apoya las versiones de la Fiscalía de Menores y de diversas entidades, desde el Defensor del Pueblo a Naciones Unidas, que apreciaban que el procedimiento se había llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la ley de inmigración, la ley del Menor y la Convención de Derechos del Niño, que establecen la necesidad de tramitar procedimientos individualizados con expedientes propios para cada adolescente que pretende repatriarse. «El incumplimiento de estos trámites que están expresamente recogidos en nuestro ordenamiento jurídico generan indefensión en los menores que han sido privados de la posibilidad de formular alegaciones o proponer prueba; de conocer los concretos datos tenidos en cuenta para adoptar tal decisión; y de poder accionar los recursos establecidos para dejar sin efecto la resolución», remarca la instructora.

El fallo tumba el argumento de la Abogacía del Estado y del Gobierno ceutí, que se apoyaban para las devolciones en la «situación de excepcionalidad» y «emergencia» desatada en la ciudad por la crisis fronteriza en mayo, cuando más de 10.000 migrantes llegaron a cruzar desde Marruecos en apenas dos días. Unos 1.500 menores entraron entonces en la ciudad, de los que casi la mitad permanecen bajo tutela de la administración local tres meses después.

El departamento de Grande-Marlaska alegó, a través de la Abogacía, que el acuerdo suscrito entre Marruecos y España en 2007 para la devolución de menores no acompañados tiene cobertura suficiente para proceder a ello sin más trámites. Sin embargo, la jueza no piensa lo mismo y advierte en su auto de que dicho acuerdo es tan solo una mera declaración de intenciones. Recuerda que, en sus contactos con el país vecino, España se comprometió a llevar a cabo los traslados con «observancia estricta de la legislación española». En ese sentido, el juzgado zanja que «únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico».

Buscar la salida

Tras el revés judicial, el jefe del Ejecutivo levantó el teléfono para convocar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, hoy en la Moncloa. Sánchez confía en encontrar entre los dos una salida a la crisis y dar solución a los cerca de 700 niños y adolescentes que permanecen aún en la ciudad autónoma. El Gobierno estaba completamente decidido a devolver a Marruecos a los menores y lo exhibía como una muestra de la nueva relación con el país alauí después de la profunda crisis que precisamente desencadenó la entrada masiva en Ceuta.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió poco antes de que se conociera el auto que estos menores deberían volver cuanto antes a su país de origen para reunirse con sus padres y poder comenzar el curso escolar. La ministra se aferró también al acuerdo con Rabat para defender el buen hacer de las repatriaciones aunque aseguró que «si la Justicia observara que hay que atender algún matiz, por supuesto que podríamos atenderlo».

De momento, no hay concreción sobre posibles soluciones como el traslado de los menores o al menos una parte a centros de acogida en la Península. En mayo, ya se acordó con las comunidades la acogida de 200 niños y adolescentes con el fin de liberar los centros de protección de Ceuta y poder atender «de forma más adecuada» a los que acaban de entrar en la ciudad.

Interior dice que no es competente

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ve desautorizado tras el auto del juzgado de Ceuta que ha mantenido paralizado el procedimiento de retorno de menores marroquíes ya que, según ha dicho, su departamento «no es competente» en esta materia.

«El Ministerio del Interior no ha adoptado ninguna decisión al respecto porque no es competente, con lo que si uno no es el competente, difícilmente se puede sentir desautorizado», ha señalado Grande-Marlaska a preguntas de la prensa desde la base aérea de Torrejón, donde ha recibido a un grupo de 290 afganos, entre ellos 120 menores.

El titular del Interior ha asegurado que con el Gobierno de Ceuta «hay una comunicación permanente y directa». El ministro ha destacado que todas las instituciones lo que buscan es el «interés superior del menor», comenzando por la administración que ejerce la tutela desde que entraron en España, en referencia al Gobierno ceutí.