Más de mil afganos han llegado con lo puesto. Una maleta en la que han amontonado su pasado. Tienen que empezar de cero, pero en la mayoría de los casos con familias numerosas detrás. Sacarlos del infierno de Kabul está siendo una odisea.

Ahora comienza el gran desafío para el que hay más de tres mil plazas disponibles, según el ministro José Luis Escrivá. Existe un programa especial para ellos y para muchos otros apátridas llegados de todo el mundo: el sistema de acogida de protección internacional, que también es ‘marca España’ desde hace años. El fin, levantar una nueva vida partiendo de cero.

Para acceder al sistema es requisito imprescindible solicitar la protección internacional, de ahí que seis de cada diez de los afganos rescatados lo haya hecho. Es el salvoconducto a la libertad.

Nada más aterrizar en Torrejón se formaliza esa solicitud de protección internacional, que estudia y tramita Interior y que más tarde deben confirmar en una comisaría. A partir de ahí el responsable del programa es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo personal recaba la primera información del solicitante y su familia y les explica en qué consiste.

El sistema tiene una primera fase en una plaza de acogida, hoy casi 300 afganos ya están en esas plazas en nueve comunidades. Puede ser un piso o un centro donde estará seis meses ampliables a nueve si es necesario. La segunda es la preparación para la autonomía, en la que harán vida independiente en domicilio propio, que podrán alquilar con las ayudas económicas concedidas por el ministerio, según consta en el documento que fija el sistema y al que ha tenido acceso ABC. En total la permanencia máxima en esta acogida es de 18 meses, prorrogable a 24, solo en caso de que se trate de personas vulnerables.

La primera parte, la más delicada, trata de dotar de herramientas a esas personas que han dejado su vida atrás. Reciben asistencia psicológica, clases de español, formación laboral, todo orientado a ser autónomos cuanto antes. Los alojamientos están en todas las comunidades, en ciudades y pueblos y quienes han pedido esa protección se pueden mover por todo el país, pero para acceder a las prestaciones deben permanecer en el municipio que se les haya asignado. Les tocará un piso o un centro de acogida (los más grandes tienen 120 plazas) y ahí convivirán con otros apátridas. Las familias, eso sí, no comparten habitación con otros. Las clases de español, los cursos de formación y la escolarización de los niños son obligatorios y tienen que justificar las ayudas económicas que reciban.

En la misma localidad

En la segunda etapa (a los seis meses) accederán a un piso o apartamento de libre mercado en la misma localidad. Mientras cumplan su parte, sus obligaciones, recibirán ayudas para el alquiler y las necesidades básicas, orientación para buscar empleo y más clases de español.

El programa tiene cantidades fijas para cada partida dependiendo del grupo familiar, pero todas las ayudas económicas se tendrán que justificar con documentación. El máximo son 24 meses, si son vulnerables. Es obligatorio participar de manera activa en la búsqueda de empleo, centrándose en las áreas donde sea más fácil encontrar trabajo y buscar la forma de tener ingresos regulares e independizarse.

Los refugiados han de cumplir las leyes españolas, colaborar con los expertos para su integración e informar de cualquier cambio que tenga que ver con tus ingresos económicos. Si no lo hacen o abandonan el centro, serán dados de baja del programa y perderán «todos sus beneficios», aunque no el derecho a que se siga tramitando su solicitud de protección internacional.