Un correo electrónico enviado a Ceuta y dos cartas, la recibida desde allí y su contestación, constituyen todo el expediente que tiene el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska acerca de la gestión de la repatriación a Marruecos de 55 niños y adolescentes que estaban acogidos en Ceuta. Así se lo ha hecho saber Interior a la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Contencioso investiga ya las repatriaciones, y que requirió a este departamento que aportase el «expediente completo» tras un recurso de la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

La petición, notificada ayer pero fechada el 16 de agosto, daba cinco días a Interior, como Administración demandada, para que entregase toda la documentación, un trámite que según explican a ABC en el ministerio ya se ha cumplimentado.
Fue el martes, cuando presentó un escrito pidiendo sin éxito la inadmisión del recurso y aportó como toda base documental del proceso los mencionados documentos: el mail del 10 de agosto instando a las autoridades ceutíes a proceder «hoy mismo» a la ejecución de las repatriaciones, la carta de la Secretaría de Estado de Seguridad que sin firma, daba vía libre al asunto y el escrito previo del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas pidiendo la puesta en marcha de la operación de los que ya informó este diario. No hay más. De hecho, Interior lo que defiende es que «no existe acto o instrucción» en este caso.

La ausencia de ningún otro acto administrativo es precisamente lo que llevó al Juzgado de lo Contencioso de Ceuta el lunes a paralizar la expulsión de nueve menorescon el apoyo de la Fiscalía, que viene reprochando a Interior que pretenda ejecutar una medida de ese calado con una carta sin firma y ahora, un email, como única «fundamentación jurídica».

En espera de resolución

Ayer, precisamente, el Ministerio Público presentó alegaciones ante el juzgado y mantuvo de nuevo su postura, contraria a la repatriación de menores sin los trámites previstos por la Ley de Extranjería, que son los que dan garantías al procedimiento. Considera que las circunstancias no han cambiado desde el lunes porque en esos nueve casos, que son los que centran la atención aunque las consecuencias se extrapolan al resto, «no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de Extranjería».

Esto es, como decía la juez en el auto de suspensión que «ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna». Cabe recordar que esas resoluciones son competencia de la Delegación del Gobierno, que es quien decide si procede o no una repatriación una vez estudiado el expediente que elabora protección de menores de la Administración que ejerce la tutela, en este caso Ceuta, y cuenta con la opinión de la Fiscalía en un proceso en que ha sido oído el menor.

Las alegaciones del Ministerio Público llegaron en plazo al juzgado, que había dado 72 horas tanto a la Fiscalía como a la Delegación del Gobierno para que argumentasen si la suspensión de esas nueve repatriaciones debe mantenerse o no. Esa parálisis es la reina desde entonces en todo el procedimiento, que fue congelado por acuerdo entre Interior y Ceuta, cuyo presidente alegó razones de «prudencia» para no cometer una actuación que pueda ser «un error» desde el punto de vista judicial.

Fuentes del ejecutivo ceutí informaron ayer a ABC de que la suspensión seguirá vencidas las 72 horas y hasta que se pronuncie la juez de lo Contencioso, que ahora tiene todavía unos días de margen para estudiar las alegaciones y tomar una decisión.