Las discrepancias en materia migratoria en el propio seno del Gobierno continúan retrasando la puesta en marcha de soluciones al fenómeno en más de un ámbito. En el caso de los menores, el último desencuentro se ha producido después de que el ministerio de Interior haya presentado oposición al avance de una de las medidas estrella de José Luis Escrivá: una modificación en la Ley de extranjería para facilitar la residencia a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados.

«Ese cambio —afirma la directora general de Protección a la infancia y a la familia, Iratxe Serrano— pretende acabar con una dinámica que se repite constantemente: los jóvenes extutelados que no han sido documentados en los centros de acogida, como marca la ley, pasan de la noche a la mañana de ser niños protegidos a adultos en situación irregular». Al cumplir los 18 años, estos deben abandonar los centros, lo que agrava su situación en el sentido de que no solo son jóvenes sin papeles sino personas sin hogar. El resultado es que los recursos que han invertido las comunidades autónomas en su formación e inclusión se tira por la borda: «sin documentos no pueden trabajar y quedan condenados a la exclusión».

Precisamente, Canarias es a día de hoy una de las comunidades autónomas que más recursos destina a los menores, debido al incremento del volumen que custodia el Gobierno regional, más de 2.500. La mayoría de los que reciben las islas, explica Serrano, se sitúan en el límite de la mayoría de edad, lo que hace mucho más «complejo» el proceso de documentarlos a tiempo. Es por ello que la propuesta de Migraciones tendría aquí una incidencia especialmente positiva, también desde el punto de vista de los extutelados que sí consiguieron permisos de residencia pero que, a la hora de renovarlos como adultos, no consiguen cumplir los requisitos.

Las exigencias actuales, que pasan por declarar ingresos de más de 500 euros al mes, son «imposibles de cumplir», apunta la directora general, teniendo en cuenta que no poseen permiso de trabajo. Aun cuando logran cumplirlas, se les otorga una autorización a título no lucrativo, es decir, como aquellas que se conceden a las parejas de expatriados, lo que no les permite acceder al mercado laboral.

El borrador de Escrivá no solo elimina esas trabas económicas sino que también acorta plazos para que los menores acogidos tengan sus papeles cuanto antes, además de permitir renovar sus autorizaciones cada lustro y no cada año, como ahora. Por otro lado, la modificación autoriza a trabajar automáticamente a los mayores de 16 años. De ser aprobado, el ministro espera que se beneficie en todo el conjunto español a unos 8.000 menores a corto plazo y a otros 7.000 jóvenes extutelados, de entre 18 y 23 años, que podrían acogerse de forma retroactiva.

Sin embargo, y a pesar de que el cambio de reglamento lleva negociándose desde abril, el Consejo de Ministros ha pospuesto ‘sine die’ la fecha para valorar el real decreto propuesto por Migraciones, que estaba prevista para el próximo 24 de agosto. Mientras Escrivá defiende que eliminar las actuales trabas evitará la irregularidad de los jóvenes y les facilitará el acceso al empleo, Marlaska cree que supondrá un incentivo para las mafias, generará un «efecto llamada» y posibles roces con sus socios europeos, ya que favorecerá la emigración hacia países como Francia o Alemania.

En cualquier caso, ya el Defensor del Pueblo se ha pronunciado en más de una ocasión sobre la necesidad «urgente» de abordar esta reforma ante el gran número de menores y extutelados que se encuentran en esta posición. Es por ello que ha aconsejado que todas las administraciones públicas «revisen» los procedimientos ya que, «con demasiada frecuencia, se detectan prácticas administrativas que no tienen en cuenta su interés».

A juicio de Serrano, la modificación del reglamento no es tan ambiciosa como la reforma de la propia Ley de extranjería que el ministro José Luis Escrivá prometió nada más asumir el cargo en febrero del año pasado. Su plan pasaba por buscar un «consenso duradero» para mejorar las vías de acceso legal al país y flexibilizar y actualizar los procedimientos para atraer más mano de obra extranjera.