El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende que la devolución a Marruecos de los menores que llegaron en masa a Ceuta entre el 17 y 18 de mayo es «legal» y está basada en el convenio firmado ente ambos países en 2007 y actualizado en 2012. «No es una expulsión, es un retorno asistido de los menores conforme a un marco normativo en interés superior del menor. En ningún caso son menores vulnerables», ha explicado este lunes en una entrevista en la Ser.

Estas entregas comenzaron el viernes pasado, después de que Grande-Marlaska informara a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y hasta ahora, según el ministro, se han entregado a las autoridades marroquíes a 45 adolescentes, 15 cada día.

Respecto a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, que pidió a Interior información «caso por caso», Marlaska asegura que el Ministerio Público «fue informado» de la situación, también el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la cuál envió por carta una queja al ministerio. «Es un número que supone un estudio pormenorizado de cada caso. Se busca la reagrupación familiar, con el interés del menor por delante», señala el ministro.

Marlaska reitera que los menores entregados «querían volver a España» y que, en nuestro país, «no tienen ningún arraigo». Una postura que contrasta con la opinión de ONG como Save The Children o Amnistía Internacional, que ven lagunas en la operación. Todo, en un contexto en el que varios niños han logrado escaparse de los centros de acogida donde se encuentran en Ceuta antes de ser devueltos a Marruecos.

Choque en la coalición
La devolución de estos menores no acompañados al país vecino ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición. Las expliaciones de Marlaska no han convencido a la secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, que ha exigido que se paralice el operativo. «El presidente del Gobierno debe parar esto. Los derechos humanos no son un pin de quita y pon», ha señalado en una entrevista en RNE.

Verstrynge también ha advertido de que la repatriación de menores puede dar alas al discurso de la ultraderecha: «Si estas cuestiones se resuelven deprisa evitan problemas secundarios».