Hoy se cumple una semana de la muerte de Abdoulaye Koulibaly, el migrante de 18 años –la edad que se le ha atribuido aunque su familia sostiene que era menor– procedente de Guinea Conakry ahogado al intentar cruzar a nado por el Bidasoa la frontera con Francia. Su fallecimiento, el segundo en el río de un ciudadano africano en tránsito en menos de tres meses, ha agudizado la conmoción que genera el drama migratorio encarnado en la peripecia vital de la víctima. En contadas ocasiones es posible reconstruir una historia como la de Abdoulaye, y ello subraya la relevancia que adquieren las historias de vida para poder extender la conciencia sobre una tragedia que traspasa fronteras en sentido literal. El migrante ahogado el pasado domingo ha sido identificado con nombres y apellidos. Ha adquirido un rostro concreto para quienes se han asomado a una muerte que debería haberse podido evitar. Ha sido posible conversar con sus allegados para conocer las condiciones en que vive la familia y cómo Abdoulaye llevaba ya cuatro años surcando el mundo para intentar cumplir el peligroso sueño de reencontrarse con su tío, migrante como él, en suelo francés. Es decir, la víctima del Bidasoa, huérfano de madre, era un casi un niño cuando dejó atrás a su padre y sus hermanos para seguir los pasos migratorios que la familia ya había tenido que recorrer antes. La biografía de Abdoulaye confiere humanidad a un drama internacional que corre el riesgo de caer en la indiferencia por la implacable rutina de la muerte, porque no queda huella de muchos de los engullidos por el Mediterráneo y el Atlántico y porque los desafíos transfronterizos y globales acaban por no ser de nadie. O en el caso europeo, encarados por las políticas nacionales sin una estrategia común en la que tan importante resulta que sea compartida como, ante todo, mínimamente empática y solidaria.

La nueva muerte en el Bidasoa ha coincidido estos días con otros episodios migratorios y con el pacto alcanzado por España con Marruecos para repatriar a más de 700 menores internados en Ceuta, a raíz del éxodo llegado a las playas de la ciudad autónoma en la insólita crisis diplomática y humanitaria de mediados de junio. Se trata de ciudadanos marroquíes, pero ello que no exime al Gobierno español de velar por el cumplimiento efectivo de un acuerdo que afecta a niños y adolescentes en situación vulnerable. Porque es inquietante que la salida buscada haya desatado una investigación de la Fiscalía y el rechazo de las ONG.