Amsa llegó a Tenerife en patera, allí vivió en un centro de Cruz Roja durante un tiempo, hasta que las pruebas demostraron que era mayor de edad. Tiene 19 años, confiesa, y desde que fue trasladado a Gran Canaria vive en un pequeño campamento en la playa de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria. No le gusta vivir en la calle, asegura, pero este joven de Touba (Senegal) solo quiere ayudar a su familia en su país y cree que este refugio que ha encontrado en la playa es la única forma de lograrlo.

Ha pedido asilo, protección internacional, y celebra que se la han concedido. Sin embargo, es un trámite largo y aún no puede trabajar, lo que le obliga a dormir en una tienda de campaña, comer en Cáritas y vivir de lo que puede. Todos los días va a clase de español, y ya es capaz de comunicarse con relativa fluidez. Dice que no habla mucho, pero sonríe cuando descubre que es capaz de hacerse entender.

Lleva viviendo en la playa 25 días. Como él, muchos jóvenes salen de Touba por falta de oportunidades, sin trabajo y porque su futuro era trabajar de sol a sol por un salario que no les da para comer. En Bilbao tiene un amigo, y una vez formalice sus papeles y si es capaz de ganar algo de dinero su meta es llegar hasta él.

Con Amsa y compartiendo caseta viven otros tres senegaleses, que se han conocido en la playa. Masamba llegó hace seis meses a la isla y lleva 10 días en este campamento. Vive en la playa porque teme que le trasladen a la Península, allí no conoce a nadie y no tiene familia. Ellos son solo un ejemplo de los diferentes campamentos de la isla que ha dejado el muelle de Arguineguín y la crisis migratoria en los últimos meses. El reguero del denominado ‘muelle de la vergüenza’, epicentro de la crisis humanitaria y social y lugar de hacinamiento de hasta 2.600 personas a principios de noviembre de 2020, sigue vivo. Aunque el espigón del municipio moganero ya no es el hogar precario de miles de migrantes, muchos han sido los que han quedado por el camino, consolidando la miseria de la que huyeron en una patera desde su país.

Del sueño a la pesadilla

La ineficacia de las autoridades competentes en la gestión de la llegada de cayucos sigue siendo palpable, ya que las opciones para los migrantes están lejos de ser dignas. Los recursos actuales son campamentos masivos que nacieron para ser una acogida de emergencia y que se han convertido en hogar por meses, o alojamientos turísticos donde conviven hacinados. El tapón que sufrieron las islas las convirtió en «isla cárcel», como la ha definido el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en varias ocasiones.

Amsa vive en la playa desde hace un mes – Manu Navarro

Muchos de los que vivieron el repunte de llegadas al muelle de Arguineguín descartaron los recursos, tras vivir a lo largo de este último año episodios desoladores. Este fue el caso de los 64 migrantes que fueron expulsados del Canarias 50 en Gran Canaria por mal comportamiento, o situaciones como las inundaciones con aguas fecales en el campamento, reyertas frecuentes durante meses a causa del hacinamiento del campamento de Las Raíces, en Tenerife, problemas con la comida, la baja temperatura y la humedad, enfermedades estomacales y hongos, entre otros ejemplos.

Estas son algunas de las consecuencias que estos migrantes acogidos han sufrido en su estancia en Canarias y motivo por el que buscan una alternativa en campamentos ilegales. El sueño europeo se convirtió en pesadilla, y aunque ha descendido la presión en los campamentos, no quieren regresar.

Los testimonios de los diferentes migrantes a ABC que han rechazado esta acogida coinciden en algunas cosas. Hablan de que no tienen libertad, ni opciones, que les trataban como números, que la comida era de baja calidad, que pasaban hambre o no podían dormir. Los que tienen más suerte han encontrado una familia de acogida, otros viven en la calle.

En torno a 2.200 personas

la aceleración de las derivaciones y los traslados han aligerado la presión en los campamentos y centros de acogidas del Plan Canarias. Según los cálculos de ABC, estos recursos podrían albergar en torno a 2.300 personas. De ellas, 1.400 aproximadamente están en centros, otros 740 en distintos recursos y alrededor de 300 en aislamiento por Covid o por contacto con algún positivo en instalaciones específicas. En Canarias hay 7.000 plazas de capacidad máxima para inmigrantes irregulares.