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LAS PALMAS. La inmigración ilegal que llega a Canarias le supone a España un coste de 40 millones de euros sólo entre 2005 y 2008, cifra que evidencia el esfuerzo que asume nuestro país en el control de la frontera exterior de la UE, informó ayer el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

Canarias ha experimentado un incremento de la presión migratoria por el desplazamiento hacia el archipiélago de los flujos migratorios de Mauritania y Senegal, tras un mayor control en el Sahara y el Estrecho, según señaló García Hidalgo en la inauguración de la primera reunión de las Redes Regionales de Oficiales de Enlace de Inmigración (ILOs) en África Occidental que se celebra en Las Palmas.

Ese aumento ha obligado a dotar al archipiélago de más medios materiales y humanos, de manera que, mientras las islas contaban hasta 2005 con 1.500 plazas y tres centros de internamiento de extranjeros, ahora disponen de 3.000 plazas y cinco centros.

Para García Hidalgo la reunión de Las Pamas supone «un salto cualitativo en la cooperación policial internacional en la lucha contra la inmigración ilegal», pues permite a los Oficiales de Enlace de los Estados miembros de la Unión Europea compartir información y experiencias.

En la reunión se decidió crear en Canarias un Punto Regional de Coordinación que tendrá su sede en la Jefatura Superior de Policía; además, habrá mecanismos específicos de coordinación de la Red francesa y la Red española de Oficiales de Enlace; las informaciones de los enlaces se aportarán inmediatamente a Europol, Frontex y la Comisión Europea, y se van a incorporar a las Redes Guinea – Bissau y Cabo Verde.