Dilcia Cano Guerrero, Ana Martínez Guevara, Nilda Guerrero Carrasco y Catalina Adriano Ramírez integran la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA), la cual agrupa a más de 300 socias y asume, actualmente, la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF). Desde el 1 de marzo de 2021, —fecha que se reanudó la Audiencia de Sustentación de Cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de Salud y otros funcionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas—, las víctimas se conectaron en línea desde sus comunidades para seguir este proceso. “Llevamos 25 años sin justicia. Algunas compañeras han fallecido. Hace poco murió por la covid-19 una de las lideresas de nuestra organización, Cleofé Neyra, quien fue ligada, y también era defensora de las lagunas frente a la minera que venía a contaminarlas. Siempre estuvo atenta a la Audiencia hasta que se enfermó. Ahora que la instrucción ya ha terminado esperamos que el juez Martínez tome una decisión a favor de nuestra demanda. Fujimori y todos los acusados tienen que pagar por su delito”, sentencia Dilcia Cano, presidenta de la AMHBA.

La Audiencia de Sustentación de Cargos es un proceso judicial que ha durado casi cuatro meses, desde marzo hasta el 14 de junio de 2021, tras haber sido postergada tres veces consecutivas. Fue presidida por el juez Rafael Martínez Vargas, quien durante el proceso escuchó los argumentos del fiscal Pablo César Espinoza. Este atribuye la autoría del delito “contra el cuerpo, la vida y la salud en forma de lesiones graves y muerte en agravio” de María Mestanza Chávez y otras personas al expresidente Alberto Fujimori, los ex ministros de Sanidad Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta y exfuncionarios de su gobierno.

“Hemos visto cómo el abogado de Fujimori se burlaba de nuestro sufrimiento y decía que él no es culpable, que los culpables son los médicos. Nosotras bien sabemos que Fujimori ordenó ligar a las mujeres y por eso nos lo hicieron a la fuerza”, explica Ana. “Cada mes subían a nuestros caseríos para llevarnos a operar con mentiras, sin decirnos lo que nos iban a hacer. Nos cortaron y nos hicieron una lástima”, agrega Catalina, señalando su vientre. Las secuelas de la esterilización forzada han dejado vidas truncadas en Huancabamba, un distrito en el norte peruano, a más de mil kilómetros de distancia de la capital.

“Estamos empobrecidas, mal de salud, con dolores en todo el cuerpo. Tengo un tumor allí donde me ligaron”, sostiene Dilcia. “Ya no podemos trabajar como antes, dependemos de nuestros esposos, o las hijas o hijos que tuvimos antes de ser ligadas. Otras se han quitado la vida porque sus familias, sus esposos y en sus caseríos las aborrecieron. Les decían que se habían capado para estar con uno y con otro”, explica Nilda. “Todo esto que contamos es nuestra verdad, tal como dice la investigación donde participamos La verdad está en nuestros cuerpos. Estamos cansadas de tanta espera. El juez, que tenga conciencia y dé la orden de enjuiciar a Fujimori”, pide Ana.

Integrantes de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba. IAMAMC

María Esther Mogollón, asesora de AMPAEF y acompañante de estas mujeres desde hace casi 25 años, afirma: “Esperamos que el Juez Rafael Martínez abra finalmente el juicio contra los culpables y tome en cuenta todo lo sustentado en la Audiencia por la Fiscalía y la defensa de las víctimas”. Destaca que el papel de la Fiscalía ha sido “contundente” al mostrar 182 pruebas de convicción contra los responsables. “El caso está compuesto por 1.312 víctimas, muchas quechua hablantes y en condición de pobreza”.

Sigfredo Florián es abogado del Instituto de Defensa Legal, una organización que se involucró en la defensa de 14 agraviadas en el 2015, tras presentar un recurso de queja frente a los continuos archivamientos de la investigación fiscal y lograr nuevamente su apertura. El letrado sostiene que la denuncia presentada por Fiscalía “está bien fundamentada porque evidencia cómo los ministros de Salud informaban a Fujimori sobre el avance de las esterilizaciones entre los años 1995 al 2000. Se trataba de una información de más alto nivel. Soy optimista de que el juez tome la decisión de abrir un proceso penal y que en vía judicial se realicen las diligencias pertinentes con miras a un futuro juicio oral.”

Defensa gratuita a las agraviadas

En el marco de distintas leyes peruanas, así como de la Política Nacional de Igualdad de Género, cuyo plan estratégico contempla el deber de la defensa pública de atender a las mujeres víctimas de violencia , así como el Plan Nacional de Derechos Humanos que reconoce a las mujeres como un grupo de especial protección, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) brinda el servicio de defensa pública a las agraviadas por esterilización forzada que carecen de medios suficientes.

Luzmila Adrianzén, directora encargada de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUS, afirma que, actualmente, ejercen el patrocinio legal de 1.824 personas, de las cuales 1.772 son mujeres y 52 son varones que provienen de diferentes procesos de investigación fiscal. “Nuestra intervención se inicia a partir de las denuncias presentadas por las personas agraviadas ante los defensores públicos o por denuncias prexistentes. Es imprescindible contar con la autorización expresa de cada víctima que solicita el servicio. Nos coordinamos con las asociaciones de víctimas y otras organizaciones involucradas en este tema para informar a la ciudadanía sobre cómo acceder a la defensa pública gratuita. Para acercarnos a las comunidades de las víctimas trabajamos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a través de las direcciones distritales. La pandemia nos hizo un traspié y ahora lo estamos haciendo vía telefónica”, explica Adrianzén.

Cada mes subían a nuestros caseríos para llevarnos a operar con mentiras, sin decirnos lo que nos iban a hacer. Nos cortaron y nos hicieron una lástima
Catalina Adriano Ramírez, superviviente de esterilización forzada

El 2015 se crea el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), en el que se encuentran registradas 6.793 personas, de las cuales 6.616 son mujeres y 177 son varones. “Quienes se han inscrito en el REVIESFO se encuentran dentro del universo de personas que se consideran víctimas de esterilización forzada. Pueden acceder a asesoría y patrocinio legal gratuito a cargo de la defensa pública; contar con atención integral preferencial en salud a través del Sistema Integral de Salud, y obtener atención psicológica y asistencia social en los Centros de Emergencia Mujer del Ministerior”, explica Adrianzén. Aclara que no necesariamente las afectadas tienen que estar inscritas en el REVIESFO para acceder a la defensa pública, pues la misma va dirigida a toda persona que se considere afectada por la esterilización forzada producida entre los años 1995 y 2001.

“Actualmente, tenemos 18 direcciones distritales en el país, donde funcionan 108 defensores públicos con designación específica de priorizar casos de personas afectadas por esterilizaciones forzadas. Es un número suficiente para la atención a las patrocinadas”, afirma Adrianzén. Para Sigfredo Florián —quien reconoce la importante labor de defensa pública—, se precisa reforzar con más defensores y defensoras públicas debido a la cantidad significativa de supervivientes que no cuentan con defensa.

Una vez que la persona agraviada acepta acceder a la defensa pública se sigue una serie de actuaciones para su defensa. Se formaliza la denuncia ante el Ministerio Público, se realiza asistencia legal y se recogen pruebas de cada caso. De iniciarse el juicio a los culpables, Adrianzén explica: “Nos constituimos en parte civil, colaboramos con el Ministerio Público y el Poder Judicial para esclarecer los hechos ofreciendo pruebas; conseguir una reparación civil proporcional al daño causado a la víctima; supervisar la ejecución de la sentencia de acuerdo con la pena y lograr que la reparación civil sea efectiva en el cobro para la víctima o a sus herederos en caso de que la persona haya fallecido.”

Varios miembros de AMPAEF, en una acción pública frente al Palacio de Justicia en Lima, Perú. AMPAEF

“En Huancabamba, todas las mujeres ligadas esperamos tener acceso a la defensa pública. Pero con la pandemia, y porque en algunos caseríos no entran las llamadas y no tenemos para pagar las recargas, a veces, se nos hace difícil. Lo mejor sería que las abogadas del ministerio puedan subir a reunirse con nosotras”, explica Nilda. “Las mujeres que IDL patrocina no cuentan con tecnología porque viven en las zonas más alejadas o el celular que tienen no es moderno para entablar comunicación. Es a través de contactos que hacemos en las capitales de provincias que podemos llegar a ellas para que tengan la información necesaria”, agrega Florián.

Adrianzén considera que la justicia peruana está preparada para asumir la responsabilidad a favor de la demanda de justicia de estas mujeres. “Creo que jueces y defensores comprenden la gran responsabilidad que tienen de cumplir y llevar a cabo un proceso limpio. Estamos en una etapa donde todas queremos llegar a un buen puerto y con toda la claridad de los hechos. De nuestra parte, cumpliremos con todo lo referente a la legalidad porque estamos al servicio de las personas que más necesitan, como son las agraviadas por esterilización forzada.”

El presidente asume un compromiso

El pasado 3 de junio, el recién elegido presidente Pedro Castillo Terrones se reunió con representantes de la AMPAEF. “Fue una reunión emotiva y sencilla. Sus primeras palabras fueron: ‘Me solidarizo con su dolor y su lucha queridas hermanas”. María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de esterilización forzada de Lima y Callao, explicó el sufrimiento que afrontan en su búsqueda de justicia y reparación”, explica María Esther.

Entre las demandas que AMPAEF presentó a Castillo está el realizar una política de Memoria y Dignidad que evidencie lo sucedido a nivel personal, familiar y comunitario. También, las reparaciones integrales. “Ya existe una ley, pero el Gobierno se niega a cumplirla”, puntualiza María Esther. Explicaron de su salud y la insuficiencia del SIS. Manifestaron la necesidad de continuar con el apoyo de defensa pública, de traducción en quechua y acceso a medios virtuales. La elección de Pedro Castillo como presidente es una esperanza para la AMPAEF. “Al ser un hombre del campo, como nosotras, esperamos que cumplirá con el país y con el compromiso que asumió con nuestra demanda”, sostienen.

Mientras esperan el dictamen del Juez Martínez, las víctimas hacen oír sus voces y organizan el jueves, 19 de agosto, el Seminario Internacional Memoria y Derechos Humanos: a 25 años de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Tienen el apoyo del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Cayetano Heredia y del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, así como de otras organizaciones de derechos humanos. “Con este evento iniciamos la construcción de Memoria y Dignidad de las víctimas de esterilización forzada y pretendemos incidir en el proceso de judicialización hacia los principales responsables. En él participan las afectadas, activistas e investigadoras que han apoyado estos años”, explica Mogollón, de AMPAEF. “Seguimos haciendo que nuestra voz se escuche en todo el Perú para que el juez decida ya. Si dice que hace juicio a Fujimori, sabemos que será difícil, pero no imposible que se cumpla nuestro pedido de justicia y reparación. Son 25 años y no nos hemos rendido”, finaliza Dilcia Cano.