La demora en la tramitación del permiso de residencia por parte de las instituciones está crispando la convivencia en el centro de primera acogida de menores inmigrantes de Amorebieta. Los internos, alrededor de medio centenar, protagonizaron el miércoles la primera protesta en demanda de la documentación que regularice su situación y les permita integrarse en el mundo laboral. Los jóvenes cortaron el tráfico en la N – 634. al grito de «¿Queremos papeles, ya!». La protesta fue disuelta por la Ertzaintza «en menos de un cuarto de hora».

Cuando un menor es declarado en situación de desamparo, pasa al servicio de acogida de la Diputación, que se convierte en su representante. Si carece de documentación que lo identifique, solicita a las autoridades competentes que inicien el proceso, a la vez que emprende las gestiones dirigidas a facilitar su reagrupamiento familiar. Para ello debe contactar con la familia y tener en cuenta el interés del menor. «A veces, las familias no quieren que vuelva o no reúnen las condiciones y los chavales tampoco suelen estar dispuestos a ello, puesto que vienen a ganarse la vida y mantener a sus padres y hermanos», indican las asesorías jurídicas que trabajan con inmigrantes.

La documentación por la que claman los jóvenes es el permiso de residencia. «Si a los nueve meses desde que la Diputación se hace cargo de ellos no se consigue la repatriación, tiene que empezar a tramitar la autorización de residencia. Pero se hace la remolona, agota el plazo, aunque a veces enseguida sabe que no son reagrupables de acuerdo con el interés del menor, que es el que debe primar. Muchos de ellos, una vez que cumplen los 18 años, van a la calle», denuncian las mismas fuentes.

El Departamento foral de Acción Social insiste en que el problema es que los menores llegan con unas expectativas «enormes» de conseguir ‘papeles’ y trabajo en un muy corto plazo de tiempo. «Pero eso en nuestra sociedad es muy difícil porque hay muchas instituciones implicadas, desde el Ministerio de Interior al Consulado de Marruecos, y el proceso es complicado. Además – aclararon – no es de nuestra competencia. La única obligación legal es la de documentarles». Ante la «frustración» generada por esta situación entre varios de los internos, al parecer, a punto de cumplir la mayoría de edad, «se liberaron cortando la carretera», señalaron.

Por su parte, el director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro, calificó la movilización del miércoles de «comprensible. Son menores con intención de ser inmigrantes económicos y ante los retrasos tienen esa necesidad de protestar». Sin embargo, el responsable asegura que se está cumpliendo el procedimiento administrativo, «aunque es un proceso lento. Las diputaciones están cumpliendo la protección del menor y su integración», concluye.