Las buenas intenciones de los responsables políticos del distrito barcelonés de Ciutat Vella, encabezados por el concejal titular, Carles Martí, son un hecho incontrovertible. La decisión de impulsar la creación de una empresa pública que compre locales comerciales en la zona para combatir la tendencia natural del fenómeno de la inmigración de encerrar a los recién llegados en guetos es una medida inteligente. En general, es el círculo vicioso de la economía la que acaba condenando a los inmigrantes a verse confinados a determinados barrios: las dificultades económicas de los recién llegados les obliga a instalarse en los barrios más degradados; en muchas ocasiones son las propias comunidades nacionales las que atraen a los nuevos inmigrantes del mismo origen. La presencia masiva de inmigrantes suele rebajar aún más los precios de alquiler y de compra en esos barrios. Y, a medida que la situación económica de éstos mejora, acaban por instalar sus negocios allí donde está el grueso de la comunidad y los precios son más baratos. Las tensiones raciales y la transformación de los barrios acaban por invitar a los habitantes autóctonos a abandonar la zona. La presencia de una empresa pública puede ayudar a regular el flujo de negocios. Sin embargo, tradicionalmente, las empresas públicas municipales que han actuado en Ciutat Vella han sido instrumenalizadas por políticos corruptos. Es de esperar que, en este caso, eso no estropee el proyecto.