La colaboración entre la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Inspección de Trabajo y los sindicatos permitirá la recolocación “regularizada” de los 60 trabajadores detenidos en mayo en Oropesa por infringir la Ley de Extranjería. Todos trabajaban en una subcontrata del grupo Marina d’Or, que ahora se ha comprometido a recontratarlos en una de sus subcontratas. El acuerdo se formalizará cuando estos obtengan sus permisos de estancia, expedidos bajo la fórmula de “circunstancias excepcionales”, reservada para quienes colaboran con la desarticulación de redes ilegales.

De cualquier forma, la empresa será penalizada por utilizar trabajadores sin papeles, infringiendo la Ley de Extranjería. Por tanto, pese al acuerdo, la sanción que Trabajo impondrá a la subcontrata del grupo Marina d’Or administrada por un ciudadano portugués será la máxima por fraude a la normativa de trabajadores transnacionales y por cesión ilegal de mano de obra, y alcanzará un importe superior de alrededor de 180.000 euros.

Además, un juzgado ha abierto ya diligencias por un presunto delito contra los derechos de estos trabajadores, de procedencia ucrania, moldava, rusa, eslovaca y brasileña.

Después de más de un mes barajando las posibilidades de regularizar la situación de este más de medio centenar de personas, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, dio ayer a conocer el acuerdo al que se ha llegado entre instituciones, sindicatos y empresa para ofrecer conjuntamente una solución a los 60 trabajadores que “de forma mayoritaria, estaban seguros de estar trabajando legalmente en España”. Calles detalló que la fórmula es un camino para su regularización y posterior recontratación de manera legal.

El principal obstáculo en la búsqueda de la normalización de estos trabajadores ha sido el impacto del tiempo que ha durado el proceso en sus economías domésticas ya que todos los trabajadores se enfrentaban, además, a una situación de solvencia monetaria muy precaria debido el impago de sus sueldos desde dos meses antes de que se llevara a cabo su detención. “Hemos tratado de que su situación no llegara a la indigencia”, explicó la secretaria de CC OO en Castellón, Encarna Barragán. La representante sindical precisó que en este tiempo los trabajadores no han recibido ningún tipo de ayuda “a no ser que se les haya concedido algún microcrédito”, puntualizó ya que “todos tienen cuentas abiertas en Oropesa”, además, añadió, de “la cartilla sanitaria”, que les había sido expedida.

Así, la tramitación de la regularización podría culminarse en unos días gracias a que, desde el martes, los subdelegados del Gobierno en las distintas provincias pueden expedir las autorizaciones de residencia temporal por concurrir circunstancias excepcionales, por delegación de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. “Esta circunstancia permitirá agilizar esta gestión documental”, tal como reconoció el propio subdelegado en Castellón, Juan María Calles.

Además, la operación desplegada en Oropesa en la que se procedió a la identificación de hasta 300 personas, sirvió también para alertar al Ministerio de Trabajo de las dificultades con las que cuenta la inspección y las fuerzas de seguridad del Estado para obtener información en las empresas de subcontratas. En el caso de Castellón, se invirtieran cerca de seis meses en el seguimiento de una trama en el sector de la construcción sobre la que sólo podían obtener información por vía diplomática, con lo que, en ocasiones, al llegar la documentación, los trabajadores habían dejado la obra. Ahora, desde el 3 de julio, la Inspección de Trabajo puede “de manera documental y fehaciente”, requerir facilitar documentación de estas empresas a través de Internet, lo que agilizará considerablemente los trámites.