Un año y medio después de presentar su solicitud de asilo en Madrid, Hamza Merchich, joven marroquí de 24 años, está a punto de quedarse en la calle. “Mi ayuda económica terminará este mes y no encuentro un trabajo”, afirma. Este azafato de una línea aérea de vuelos internacionales, que habla cuatro idiomas y se define como gay no binario (no se identifica con un género en particular), huyó hace 18 meses de Casablanca (Marruecos). Fue después de recibir una carta de despido de la empresa aeronáutica en la que trabajaba, que le recomendó seguir una terapia psicológica por su orientación sexual para poder conservar su puesto. Obtuvo poco más tarde un empleo de teleoperador y con el dinero ahorrado durante dos años voló a España. Consiguió un visado, pero ahora se enfrenta a un nuevo reto: conseguir un sustento que le permita sobrevivir mientras espera una respuesta a la petición de protección internacional que presentó el 17 de enero de 2020.

Mientras en algunos países encarcelan a personas del colectivo LGTBI , los que logran escapar hacia el sueño del asilo español se enfrentan al riesgo de terminar en la calle. La burocracia del sistema y la discriminación que persiste en la sociedad amenazan la posibilidad de una vida mejor para estos migrantes. A la hazaña de cruzar la frontera se suma el reto de conseguir recursos para sobrevivir mientras esperan la respuesta a su petición. Eva Menéndez, especialista de género de ACNUR España, estima que las resoluciones pueden tardar hasta cinco veces más de lo que marca la ley. Además, los solicitantes deben superar barreras como el desempleo, el idioma y las diferencias culturales.

A partir de este mes de agosto, Merchich dejará de recibir el apoyo que el Gobierno otorga durante año y medio a los solicitantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como establece la ley de asilo. De febrero a julio de 2020, recibía 300 euros al mes, además de un techo bajo el que vivir, y desde entonces hasta el pasado 28 de junio, 670 euros. No obstante, el marroquí no sabe cómo pagará un alquiler en Madrid si no consigue un empleo, pese a contar con un permiso de trabajo. “La realidad es que las empresas no quieren contratar a personas que tienen papeles temporales”, declara mientras muestra el documento que obtuvo hace un año. Sus opciones para conseguir empleo y recursos se agotan. Merchich, que se considera perseguido en su país por su orientación sexual, asegura que tiene amigas transexuales que “ejercen la prostitución para sobrevivir”. “Yo no quiero hacerlo, pero estoy en una situación complicada y me siento un poco obligado”, confiesa.

Pese a que la legislación marca un plazo de seis meses para resolver las solicitudes, una vez admitidas a trámite, el sistema de asilo arrastra deficiencias que alargan los tiempos de respuesta. Menéndez afirma que las peticiones difícilmente son instruidas en seis meses y llegan a tardar más de tres años. “Esto tiene un impacto muy fuerte en las personas migrantes porque su vida pende del resultado de la solicitud”, indica.