La oleada de violentos disturbios y saqueos masivos que ha asolado Sudáfrica durante las últimas jornadas figura ya, tras 75 fallecidos y más de 1.200 arrestos, como el estallido de violencia más grave ocurrido en el país austral desde la conquista de la democracia en 1994.

¿Cómo llegó la denominada “nación arcoíris” y uno de los países más desarrollados del continente a esta situación? Cinco claves de contexto ayudan a entender la crisis desatada el pasado 9 de julio:

El encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, adorado por muchos por su imagen de “presidente del pueblo” y odiado quizá todavía más por sus grandes escándalos de corrupción, fue el detonante de las primeras protestas, que luego degenerarían en oleada masiva de criminalidad.

Zuma, de 79 años, fue condenado a finales de junio por desacato judicial, por haberse negado repetidamente a declarar por corrupción. Aunque se entregó pacíficamente “in extremis” en la noche del 9 de julio, antes había estado insistiendo en que es víctima de una persecución político – judicial y en que la pena de prisión será para él una “sentencia de muerte” por su edad y su salud.

Transcurridos más de 27 años desde el fin oficial del sistema de segregación racista del “apartheid”, Sudáfrica lidia aún con las heridas heredadas de aquella época, que afectan de manera mucho más profunda a la población negra.

Según datos del Banco Mundial, la nación austral se mantiene como el país más desigual del mundo, el desempleo permanece enquistado en torno al 30% desde hace años (con cifras aún peores para los jóvenes) y más de la mitad de la población vive en la pobreza.

El coronavirus se cebó de manera especialmente agresiva con Sudáfrica. No solo es el país con más casos y muertos de África, sino que durante mediados de 2020 estuvo además entre las cinco naciones del mundo más golpeadas por la COVID – 19.

El dominio de la variante beta en la segunda ola y de la delta en la tercera gran curva epidémica han obligado al país a imponer de nuevo y mantener las restricciones duras, ya que la vacunación, como en el resto del continente africano, avanza aún muy lenta.

Sudáfrica es un país con graves problemas de criminalidad, especialmente en las grandes ciudades. Entre 2019 y 2020, la nación austral venía registrando una media de 58 asesinatos al día y las cifras de crímenes violentos mantienen una tendencia creciente desde hace una década.

Además de ese factor, la transformación de protestas y estallidos de violencia puntuales en oleadas de saqueos es un fenómeno relativamente frecuente, si bien en menor magnitud que en los pasados días. El último gran precedente fueron los disturbios xenófobos que se vivieron en septiembre 2019 y que dejaron al menos 12 muertos.

La gran pregunta ahora, en una Sudáfrica dedicada ya a apagar los últimos conatos de violencia y a limpiar las huellas de la devastación, es dirimir la responsabilidad del caos de los últimos días. El Gobierno insiste en que ha sido un “sabotaje económico” y apunta a que la violencia fue orquestada e instigada para desestabilizar el país.

En ese sentido, los medios locales colocan en el centro de las investigaciones a familiares, exespías y veteranos militarizados afines a Zuma y cuestionan hasta qué punto la influencia del expresidente en la inteligencia sudafricana pudo impactar en la ineficiente respuesta de las sobrepasadas fuerzas de seguridad.

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