El Canarias ha estado muy presente en las Cortes Generales en el periodo de sesiones que acaba de terminar: entre los meses de febrero y junio los intereses de las islas que se dirimen en el Estado han ganado protagonismo en el Congreso y muy especialmente en el Senado, donde se ha incrementado de manera notable el debate de los asuntos territoriales relacionados con el archipiélago. La crisis de la pandemia y su especial impacto en el castigado tejido económico isleño se han abordado de forma recurrente en la actividad parlamentaria estatal, al igual que la crisis migratoria y su gestión por parte de los ministerios con competencias en la materia. El cumplimiento de los convenios bilaterales y el traspaso de las partidas presupuestarias derivadas del Régimen Económico y Fiscal (REF) han sido igualmente objeto de múltiples iniciativas por parte de los representantes canarios en Madrid.

El REF marcó precisamente el último pleno del Congreso antes del paréntesis veraniego, celebrado el pasado 30 de junio, en el que se aprobó la ley de lucha contra el fraude fiscal con una enmienda del PSOE que fija en 12,4 millones el límite desgravable en el Impuesto de Sociedades para las producciones audiovisuales realizadas en las islas, incumpliendo la norma que obliga a mantener un diferencial fiscal del 80% respecto al resto del Estado, pese a contar con el informe desfavorable unánime del Parlamento Canario, y abriendo así un conflicto institucional que debe ahora abordarse en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias.

Pero ha sido en el Senado donde más presencia constante han tenido las islas en el último periodo de sesiones, a raíz de puesta en marcha de sendas ponencias de estudio sobre el fenómeno migratorio y sobre los problemas derivados de la insularidad. Por la primera han pasado 38 comparecientes que desde sus respectivas responsabilidades han aportado su valoración sobre la crisis migratoria de Canarias y sus propuestas para abordar el fenómeno en el futuro. La ponencia no ha emitido todavía sin embargo su dictamen de conclusiones y recomendaciones, por el rechazo de la oposición al borrador propuesto por el PSOE, que se seguirá negociando en septiembre.

El conflicto del REF tras el recorte de los incentivos al sector audiovisual marcó el último pleno de la Cámara Baja
En la ponencia de insularidad compareció en febrero el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y un mes más tarde lo hicieron los presidentes de los siete Cabildos insulares, para exponer en la Cámara Alta los problemas específicos de un territorio alejado y fragmentado y recalcar la necesidad de que el Estado reconozca la singularidad y le dé un trato diferenciado.

La crisis del turismo, un sector que genera el 35% del PIB autonómico, ha tenido una notable relevancia a través de mociones, interpelaciones, preguntas orales en sesión de control y preguntas escritas tanto en el Congreso como en el Senado. La mayor parte de las iniciativas han estado enfocadas a reclamar la puesta en marcha de un plan de rescate del sector turístico canario, al que se comprometió la ministra Maroto cuando visitó las islas en julio de 2020 anunciado después en varias visitas posteriores y que no se ha llegado a plasmar como plan específico.

El conflicto diplomático abierto con Marruecos con el problema del Sáhara como telón de fondo ha dado lugar también a numerosas iniciativas parlamentarias de los representantes canarios en las Cortes. La tensión de las relaciones, al borde de la ruptura, ha generado preguntas al Gobierno sobre cómo va a actuar para evitar posibles consecuencias para las islas como región fronteriza, especialmente en lo que respecta a la espita de la inmigración irregular que el país vecino abre y cierra a conveniencia como herramienta de presión política.

A lo largo de estos meses han sido igualmente recurrentes las intervenciones e iniciativas sobre las cuestiones pendientes de la agenda canaria, como la ampliación del convenio de carreteras o la transferencia de los 30 millones del plan de lucha contra la pobreza.