El Gobierno británico condenará a cadena perpetua a los traficantes de inmigrantes y a penas de hasta seis años de cárcel a quienes hayan sido deportados y regresan a Reino Unido. Cambiará la ley para que los botes de la Border Force(Fuerza Fronteriza) puedan detener y requisar los que los transportan por aguas del Canal de la Mancha, evacuar a sus ocupantes y retornarlos a su costa de origen.

El paquete de medidas propuesta por un proyecto de ley introducido este martes en el Parlamento incluye el castigo con restricciones de visados a los países que se nieguen a aceptar el envío de deportados, la reducción de los servicios públicos a los que tendrán acceso quienes piden estatuo de refugiado pero no han utilizado los canales legales, el envío temporal a otros lugares mientras se procesan los casos.

La existencia de abogados oportunistas que explotan el sistema judicial para obstaculizar las deportaciones ha sido denunciada repetidamente por la ministra de Interior, Priti Patel. El proyecto de ley pretende agilizar los trámites, reduciendo plazos de recurso o sancionando la presentación de solicitudes con diferentes nombres.

Según el Gobierno, la mayoría de inmigrantes ilegales llega a Reino Unido atravesando con botes el Canal de la Mancha. En 2020, el número de los así identificados fue de 8.420, según ‘The Times’, y este año la tendencia lleva hacia un aumento. El proyecto de ley da sin embargo nuevos poderes a las autoridades para inspeccionar contenedores sospechosos en los puertos.

La ministra Petel ha ganado fama como partidaria de una línea dura, llegando a posar para los fotógrafos en el exterior de la vivienda en la que oficiales de Policía estaban deteniendo a supuestos capos del tráfico de inmigrantes. Tras más de una década de gobiernos conservadores, el documento de su Ministerio que explica el proyecto parte de la premisa de que «el sistema está roto».

Desde el ‘brexit’, Reino Unido ha eliminado el libre movimiento de personas procedentes de países de la Unión Europea y ha establecido un sistema de inmigración basado en puntos. Quiere atraer a personas de alta cualificación procedentes de cualquier lugar del mundo y a personal necesario para sectores de la economía británica, con mínimos salariales garantizados.

Problema común
El Ministerio afirma que ningún país europeo ha asentado a tantos refugiados legítimos, 25.000 en seis años, como Reino Unido, a los que se habrían añadido otros 29.000 por la reunión de familiares. Protegido por ser una isla de los tránsitos transfronterizos que se viven en países de la UE, quiere reducir drásticamente el contrabando de personas, particularmente procedente de Francia.

Los partidos de la oposición y organizaciones no gubernamentales han criticado el proyecto de ley. Para los Liberal-Demócratas, «la ley antirrefugiado» es «cruel y contraproducente». Según ellos, hará más difícil que los refugiados denuncien a los traficantes, «en vez de crear rutas seguras y legales» para los que buscan asilo.

El Partido Laborista asegura que el proyecto de la ministra «no resuelve el hecho de que el tiempo para la tramitación de solicitudes se ha disparado», «reducirá el apoyo a los que son víctimas del trafico de personas» y «no incluye propuestas efectivas para acometer el problema del creciente número de personas que arriesgan su vida cruzando el Canal».

Para Patel, su proyecto de ley ofrece «aquello por lo que los británicos han votado siempre, recuperar el control de nuestras fronteras». Sondeos de la firma YouGov muestran que una gran mayoría de británicos aprueba que se den visados a tres millones de refugiados de Hong Kong o que se acepten inmigrantes que se necesitan en empleos específicos; pero el 70% cree que la política de inmigración es mala y el 17%, buena.