Durante la campaña para las autonómicas del 4 de mayo en Madrid, Vox buscó un momento de impacto con un cartel que, desde una estación de cercanías de la capital, trataba de indisponer a los ciudadanos contra la atención a los menores inmigrantes no acompañados. Con propaganda de este tipo, que comparaba lo que supuestamente ‘recibe’ uno de estos chicos y chicas con la pensión mensual de una jubilada, el grupo de Santiago Abascal obtuvo 13 escaños y 330.000 votos y solo el empuje arrasador de la popular Isabel Díaz Ayuso frustró la mayor ambición de los ultraderechistas. La falsedad de los datos que contenía el pasquín ya quedó acreditada en su momento, por equiparar lo que se destina a la tutela integral de los jóvenes por las instituciones –una cantidad que ellos no ‘se llevan’, como sugería el póster– con lo que cobraría una pensionista. Una circunstancia irrelevante, según la Audiencia Provincial de Madrid, que acaba de desestimar el recurso de la Fiscalía y el PSOE contra un proceder que perseguía inducir una «negativa» respuesta social hacia un colectivo «vulnerable».

Al ratificar la resolución de una juez de guardia que ya en abril negó la retirada del cartel, otros tres magistrados de la instancia superior sostienen que «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces» –el fragor de la campaña lo permitiría todo, incluso buscar el voto con engaño a los electores–, los menores inmigrantes no acompañados –a los que el auto se refiere como «menas»– constituirían «un evidente problema social y político, incluso con consecuencias y efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio». El respeto a la decisión del tribunal no excluye la sorpresa por la deriva de claro contenido político de algunas afirmaciones del ponente. A la ya mencionada se suma una segunda que siembra la inquietud entre los partidos que censuraron el proceder de Vox: el polémico cartel, sostiene el auto, no puede contener «ideas a prohibir mientras han de admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o más que estas». Dos ministras del área social del Gobierno se dolieron por el desinterés que muestra la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid hacia la situación de unos niños y adolescentes extranjeros no acompañados que apenas representan el 30% de los tutelados en Madrid y hacia su periódica utilización por los regímenes autoritarios de los que huyen.