VEINTITRÉS SERES HUMANOS perdieron ayer la vida cuando trataban de alcanzar un futuro que se les niega en la tierra donde nacieron. Veintiuno de ellos perecieron en una patera. Los otros dos intentando saltar la valla que separa Melilla de Marruecos. Aquéllos fueron víctimas del infortunio de un accidente en la mar, más probable en tanto que más precarios son los medios que utilizan los traficantes de seres humanos; éstos pudieron caer abatidos a tiros, a falta de una confirmación definitiva y oficial.

La repetición de la tragedia no puede provocar un efecto narcótico en la conciencia colectiva de nuestra sociedad. Al contrario, debe exacerbar nuestra percepción de que más allá de las barreras que estamos levantando, sigue y seguirá habiendo seres humanos dispuestos a jugarse la vida, su único patrimonio para tener acceso a las migajas que les dejamos.

NO HAN FALTADO LOS REPROCHES al Gobierno de Zapatero desde dos extremos opuestos tampoco en esta ocasión. Desde las organizaciones de apoyo a los emigrantes se acusa a los mandatarios de poner obstáculos, legales y físicos, a la libre circulación de las personas aún a costa de sus vidas. Desde el principal partido de la oposición, a Acebes le faltó tiempo para volver a emplear el viejo argumento del ‘efecto llamada’ provocado, a su juicio, precisamente por una legislación que otros consideran tan restrictiva. El Gobierno por su parte se ha apresurado a apuntar que los sucesos de Melilla no son comparables con las avalanchas humanas del otoño pasado, asegurando que en esta ocasión se trataba de un pequeño grupo de una cincuentena de personas. Lo escasamente numeroso del grupo da pie a los responsables gubernamentales a calificar de exitoso el sistema de barrera instalado en Melilla a raíz de aquellos acontecimientos y a considerar satisfactoria la colaboración del Gobierno marroquí que impide grandes concentraciones en los montes aledaños. Si además la munición que hirió mortalmente a los dos inmigrantes no se corresponde con el armamento que utiliza la Guardia Civil, el Gobierno se siente suficientemente autorizado para eludir cualquier responsabilidad en el asunto. Ésa es una de las causas de que sigamos ante una tragedia interminable. Nadie puede ser acusado de ser responsable absoluto de un problema tan complejo y de tal magnitud, pero nadie puede eludir tampoco su parte de responsabilidad, si no quiere complicar aún más la ya complicada solución al problema.