Unos cinco millones de ciudadanos de la Unión Europea, entre ellos algo más de 320.000 españoles, han solicitado ser registrados como residentes en Reino Unido días antes de que expire, el 30 de junio, el plazo para el envío de solicitudes. La operación de registro, iniciada en marzo de 2019, ha superado en torno a un millón las cifras que se estimaban de residentes comunitarios.

El sistema de solicitudes está abierto también a ciudadanos de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, y de otros países, cuando tienen alguna vinculación familiar o asistencial con los europeos. En total, son más de 5.6 millones de solicitudes, que se han resuelto con un 52% de concesiones de «estatuto de asentado» y un 43% de «estatuto de preasentado».

Es un «éxito asombroso», según Catherine Barnard, directora de un equipo de la red de académicos ‘UK in a Changing Europe’ (Reino Unido en una Europa Cambiante), que ha presentado esta semana un informe sobre el proceso. Ccumple lo acordado por Reino Unido y la Unión Europea en el Acuerdo de Retirada, para preservar los derechos de residentes británicos y comunitarios.

Ofrece el asentamiento a quienes habían vivido cinco años seguidos en el país antes del 1 de enero de 2021 y el temporal a quienes no han cumplido aún ese tiempo. El éxito se debe a la simplicidad de la solicitud, mediante una aplicación de teléfono móvil. El Gobierno británico ha financiado una intensa campaña de publicidad y subvencionó a asociaciones para llegar a residentes vulnerables.

Las delegaciones diplomáticas se han sumado al esfuerzo. La Embajada británica en Madrid ha mantenido cientos de reuniones son sus residentes. La de España en Londres abrió la Ventanilla Única Brexit para responder por correo electrónico para a las interrogantes de los residentes; y embajada y consulados han enviado correos postales a los mayores de 70 años ofreciéndoles ayuda con la solicitud.

Aunque la última fase y el proceso de legalización de la residencia plantea algunas incógnitas, la situación es menos incierta que en los primeros compases del ‘brexit’, cuando el Gobierno de Theresa May pareció utilizar la carta de los tres millones de residentes comunitarios(la cifra que se estimaba) en su negociación con Bruselas. Cuando se diseñó el sistema de legalización, la solicitud tenía un coste.

‘Brexiters’ radicales, como William Rees-Mogg, protestaron. «Decirles(a los comunitarios) que sus vidas van a cambiar porque nosotros hemos cambiado nuestra relación con la UE me parece injusto. Deberíamos sentirnos honrados de que hayan venido a este país. Deberíamos renunciar a la tarifa de 65 euros», dijo en enero de 2019. Y May renunció.

Incógnitas
En las primeras semanas de la puesta en marcha del procedimiento se llegó a un pico en el número de solicitudes, que tuvieron su punto álgido en septiembre y octubre de 2019, cuando la política del ‘brexit’ fue más amarga, con incertidumbre sobre una salida abrupta. Y el número ha alcanzado el nivel del impulso inicial en diciembre, cuando la suerte ya estaba echada.

David Casarejos, representante de los residentes españoles en Reino Unido en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Extranjero, señala las incógnitas que quedan en el aire y que coinciden con las apuntadas por los académicos. En primer lugar, la ausencia de un documento que acredite el estatuto de asentado. Los aceptados reciben un código digital archivado por el Ministerio de Interior británico.

El Ministerio afirma que el código es una garantía permanente en un país que no tiene documento de identidad, pero la duda es si el pequeño empresario o el propietario de un piso en alquiler, ambos obligados a confirmar la condición de residente legal del contratado, percibirá como una complicación innecesaria tener que conectarse a internet para comprobar la existencia del certificado digital.

La diplomacia española explica que hay una casuística muy variada: personas vulnerables, niños acogidos por la asistencia social,… Si las consultas iniciales a la Ventanilla Única de la embajada eran inicialmente sobre pensiones, fiscalidad, tarjeta sanitaria,.. ahora se trata de casos peculiares, como los de padres que no saben que tienen que hacer la solicitud para sus hijos.

La pandemia obligó al cierre de centros de mayores, impuso restricciones en los consulados. Estudiantes o empleados que la han pasado en España por la cancelación de la enseñanza en persona o la recomendación de trabajar en casa se inquietan por el cómputo de ese tiempo. El Ministerio británico promete flexibilidad y pragmatismo, y asegura a los que esperan a la resolución de su solicitud que preservan sus derechos.

Nacionalidades
Este proceso coincidió con el ‘escándalo de la generación Windrush’. Decenas de inmigrantes e hijos de inmigrantes en los años 50 y 60, en su mayoría procedentes de países caribeños- cuyos ciudadanos tenían la nacionalidad británica por ser súbditos de la Corona- fueron deportados. Cientos quedaron sin casa o acceso a la sanidad pública o a subsidios sociales por falta de documentos para probar sus circunstancias.

Tan terrible ejemplo alentó a muchos españoles residentes en Reino Unido a buscar más garantías adquiriendo la nacionalidad británica. Pero una norma apenas divulgada y conocida exige que en el plazo de tres años deben confirmar su deseo de conservar su nacionalidad de origen para no perderla; y con ella los derechos comunitarios. En el Consulado de Londres se han multiplicado por diez los expedientes de confirmación de nacionalidad.

Casarejos advierte de que los españoles por opción, inmigrantes que adquirieron el pasaporte español por residencia, que ahora viven en Reino Unido pueden ser los más perjudicados por desconocer la norma. Cree que es «un momento horroroso» para aplicarla a una comunidad de residentes estresada por las derivas del ‘brexit’. También extraño. Para renovar el pasaporte español, se exige ahora un certificado del Gobierno británico de que no se tiene pasaporte británico

El consulado busca nueva sede. El actual edificio es inadecuado para la demanda de servicios en tiempos de normalidad. Y en esa olla a presión para empleados y visitantes, se renuevan con urgencia los pasaportes que expiran (23.000 citas en cuatro meses) en una población que ha pasado de los 177.000 residentes registrados en los consulados a los más de 320.000 que han solicitado el asentamiento.