LA muerte de dos inmigrantes que intentaron saltar en la madrugada de ayer la valla que separa Marruecos de España en Melilla es la prueba irrefutable de que la inmigración ilegal requiere una tensión permanente del Estado en la aplicación de las leyes y en la presión diplomática con los estados de origen y de tránsito, como es Marruecos. No se trató de una avalancha multitudinaria, como las que se produjeron el pasado año, pero el episodio tampoco debe ser tomado como un hecho aislado, y menos aún sin visos de repetirse. Por el contrario, es un grave aviso que confirma que nuevos grupos de inmigrantes se están formando en suelo marroquí y están dispuestos a intentar pasar a España, asumiendo riesgos mortales. También demuestra que esos grupos empiezan a congregarse en los puntos débiles del perímetro melillense que aún no está total y debidamente reforzado.
Por tanto, la primera medida del Gobierno debe consistir en asegurarse de que Marruecos cumpla sus compromisos internacionales y que no estamos ante la reedición de un problema que, en el plano político, entraña una desestabilización de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, creando el consiguiente caldo de cultivo para el irredentismo alauí sobre una y otra. Por otro lado, próximamente se celebrará una cumbre bilateral hispano-marroquí, a la que ir precedida de un brote de crisis migratoria puede favorecer las pretensiones del Gobierno de Rabat.
Ahora es preciso conocer con total transparencia las causas de la muerte de los inmigrantes, dado que uno de ellos presentaba heridas de arma de fuego en el pecho. En caso de que la autoría de los disparos recayera otra vez en la gendarmería marroquí, el Gobierno español deberá recordar la pésima imagen que se dio a la opinión pública internacional el pasado año, cuando elogió la cooperación del país vecino en la prevención de las avalanchas, mientras cientos de inmigrantes subsaharianos eran abandonados a su suerte en la desértica frontera con Argelia. Los Derechos Humanos deben estar presentes, como prioridad, en la política de colaboración internacional para la erradicación del tráfico de inmigrantes y, por eso, España no puede ni debe consentir que la ayuda marroquí se haga a tiros, ni tratando a los inmigrantes como si carecieran de la más mínima dignidad.
El asalto de ayer en Melilla es un posible anticipo de las consecuencias de haber reforzado la vigilancia en las rutas hacia las Islas Canarias, siguiendo así un patrón que mueve a los grupos de inmigrantes de un punto de partida a otro, pero no los retorna a su países de origen. Otros dieciocho inmigrantes fueron hallados muertos frente Al Aaiún, lo que resume, junto con los muertos en la frontera hispano-marroquí, la tragedia inmensa que supone la inmigración ilegal. La vuelta a Melilla es una reacción similar a la apertura de las rutas a las costas canarias, lo que supone que el Gobierno español ya debe considerarse preavisado de la posibilidad por ahora, sólo la posibilidad de que aquéllos que no entren en España con los cayucos que salen de Mauritania y Senegal intentarán nuevamente hacerlo por encima de las vallas de Melilla y Ceuta.
El Gobierno siempre ha ido por detrás de los acontecimientos, o bien, simplemente, los ha ignorado, y así es cómo la política migratoria de España representa un problema para Europa e infunde incertidumbres a la opinión pública española. Se han dicho cosas que no eran ciertas: que Marruecos cooperaba -hicieron falta varios muertos, cientos de heridos e imágenes brutales de inmigrantes colgados de las alambradas para que empezara a hacerlo, que no había crisis migratoria en Canarias, o que la regularización masiva de 2005 no ha atraído a las mafias de inmigrantes. Los hechos han demostrado todo lo contrario. No obstante, habrá que presumir que las giras diplomáticas de las últimas semanas por los países de África central empezarán a dar sus frutos y que los flujos de migración ilegal comenzarán a controlarse en su origen. Esto es a lo que se ha comprometido el Gobierno, y los resultados tendrán que ser visibles de forma inmediata. La vuelta a Melilla de los asaltos nocturnos es, por ahora, sólo un aviso, pero el Gobierno ya no puede sentirse sorprendido por nada.