Más de 100 cámaras controlaban en tiempo real a los trabajadores en supermercados y almacenes. Todas se podían ver desde una sala de visionado en la que los presuntos cabecillas de una organización criminal podían saber en cada momento lo que hacían sus empleados para así instarlos a ser más productivos. El sueño de muchos empresarios y algunos directivos, para conseguir beneficios rápidos a costa de los derechos laborales, no deja de ser un posible delito cuando las condiciones de los trabajadores son de semiesclavitud. Así lo considera la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo de Cataluña que han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Barcelona dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Los agentes detuvieron a cinco personas como responsables del grupo por delitos contra los derechos de los trabajadores, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. Tenían una red de supermercados franquiciados y almacenes repartidos por las localidades de Sant Adrià del Besós y Barcelona en la que explotaban a trabajadores extranjeros sin recursos.

A partir de una inspección em noviembre en un establecimiento comercial en Granollers, los investigadores supieron de la existencia de una organización que, presuntamente, explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular, mayoritariamente originarios de Pakistán. Tenía supermercados franquiciados en Barcelona y dos naves almacén en Sant Adrià del Besós, donde presuntamente estarían explotando a numerosos trabajadores de nacionalidad pakistaní que carecerían de documentación para poder trabajar.

Dando empleo a ciudadanos extranjeros en situación irregular e imponiéndoles condiciones laborales abusivas, la organización conseguía grandes beneficios económicos los que les permitió, en un corto periodo, de tiempo ampliar su negocio. Las víctimas eran vulnerables ya que estaban en situación irregular, sin arraigo social ni familiar de ningún tipo en territorio nacional, con escasa o nula formación académica y en algún caso con hijos a cargo.

Por eso se veían obligadas a aceptar jornadas de trabajo extremas, sin descanso legal entre jornada y jornada, sin descanso semanal, sin seguro médico ni alta en el régimen de la Seguridad Social produciéndose, a través de la conducta de los detenidos, la restricción, supresión y perjuicio de los derechos laborales reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y resto de legislación laboral.

La Policía realizó un amplio dispositivo conjunto con la Inspección de Trabajo de Cataluña y se inspeccionaron 14 supermercados de la localidad de Barcelona y dos naves de Sant Adrià. Se levantaron actas en materia laboral y se identificaron a un total de 86 trabajadores, 43 de ellos sin la preceptiva autorización de residencia y trabajo. Una vez constatados los hechos fueron arrestados los cinco máximos responsables de la red de supermercados y naves inspeccionadas.

En una de las naves inspeccionadas, ubicada en la localidad der Sant Adrià del Besós, contaban con una sala de control y video vigilancia con más de 100 cámaras de TV desde donde controlaban la totalidad de tiendas que regentaban y, a su vez, someter a un férreo control a los trabajadores explotados.