La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha iniciado un proceso de investigación e inspección en un centro de menores extranjeros no acompañados del sur de Gran Canaria. El área que dirige Noemí Santana ha tomado esta decisión a raíz de una denuncia anónima de los trabajadores recibida mediante un correo electrónico que aseguraba que en este recurso se han producido abusos sexuales y que se han dado también casos de prostitución entre los usuarios ‘’dentro y fuera’’ del establecimiento. Este mensaje sin firma también fue enviado al Ayuntamiento de Mogán, dirigido por Onalia Bueno.

De acuerdo con este documento, a principios de marzo una trabajadora informó de que un menor había sufrido “repetidas agresiones sexuales por parte de dos usuarios” que, según los trabajadores, eran mayores de edad y estaba pendiente su derivación a un recurso para adultos. Según los empleados, el menor llegó a fugarse del recinto para esquivar estos abusos y evitar las burlas que sufría por parte de otros usuarios.

El texto también asegura que al menos tres menores del centro habían ejercido la prostitución, en el interior con otros menores y también fuera, con personas mayores de edad. Los trabajadores también han denunciado agresiones físicas a los migrantes acogidos por parte de algunos empleados, con ‘’contenciones físicas desproporcionadas en las que los auxiliares colocaban la rodilla sobre el cuello de los usuarios’’. Fuentes próximas al recurso aseguran que los hechos denunciados se produjeron “hace meses”, pero las personas encargadas de dirigir el centro “se lo callaron”.

Otra de las medidas que ha tomado el Ejecutivo autonómico es adelantar el cierre del centro, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. “A mediados de julio estará cerrado”, aseguran fuentes de Derechos Sociales. Por su parte, el Ayuntamiento de Mogán ha señalado en algunos medios locales que trasladará el caso a la Fiscalía del Menor.

Este lunes, la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán ha lanzado un comunicado en el que exige que este complejo de apartamentos deje de ser utilizado como espacio de acogida, asegurando que esta práctica es un ‘’ultraje a las normas de convivencia’‘. "Nuestro amable y hospitalario municipio turístico no merece este trato de humillación y el riesgo de pérdida de turistas y visitantes a Puerto Rico es una realidad que las autoridades competentes no tienen presentes’’.

El discurso que relaciona la caída del turismo con el fenómeno migratorio comenzó a emplearse a finales de 2020, cuando empezaron a utilizarse establecimientos turísticos cerrados por la pandemia de COVID-19 como centros de acogida ante la falta de una red estable de establecimientos. En noviembre, el Ayuntamiento de Mogán amenazó con abrir expedientes sancionadores contra los establecimientos hoteleros que siguieran funcionando como recursos humanitarios en 2021.

Onalia Bueno puso como fecha límite el 31 de diciembre. Sin embargo, el 27 de noviembre la alcaldesa levantó un acta de denuncia de inspección urbanística a los dos apartamentos del sur de Gran Canaria que alojaban entonces menores. Como respuesta, el Gobierno canario blindó el uso de hoteles, apartamentos y cualquier otro tipo de dispositivo de emergencia habilitado para alojar a menores que llegaron a las islas solos en pateras y cayucos.