El nuevo Pacto Migratorio y de Asilo impulsado por la Comisión Europea continuará en el cajón. «Sigue sin aportar soluciones realistas y satisfactorias para muchos de nuestros problemas», subrayaba ayer el ministro de Interior, Fernando Grande – Marlaska, tras reunirse con sus homólogos europeos en Luxemburgo. Los países meridionales en primera línea (España, Italia o Grecia) mantienen su común contra un proyecto que Bruselas presentó en septiembre del pasado año y que adolece de «claridad y firmeza» en la cooperación entre socios y la prevención del fenómeno en origen.

Su objetivo, que los otros países de la UE les ayuden a compartir la carga de las llegadas con reglas «comunes y justas». Algo que no perciben en esa propuesta del Ejecutivo comunitario que estaba llamada a sustituir el pacto migratorio de Dublín, fracasado por la falta de solidaridad en la reubicación de solicitantes de asilo. El nuevo fracaso de la UE para lograr un acuerdo está derivando en fórmulas nacionales muy cuestionables – incluso por Bruselas – como la aprobada la pasada semana en el Parlamento danés (la deportación automática de un ciudadano que le solicite asilo a países terceros ‘colaboradores’). La cuestión es que ante la dificultad de conseguir un gran acuerdo, se intentan arañar pactos singulares para solucionar los problemas. Y el debate vuelve a ser interminable.