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La muerte, la madrugada de ayer, de tres inmigrantes subsaharianos junto a la valla fronteriza de Melilla ha vuelto a poner en duda la eficacia de las medidas adoptadas por los gobiernos español y marroquí después de los asaltos masivos registrados en el otoño del 2005. Las confusas circunstancias en que se produjeron las muertes no hacen más que engordar la leyenda negra de una de las fronteras más vigiladas de la UE y, al mismo tiempo, subrayan la incompatibilidad entre determinadas formas de contención de los inmigrantes y el respeto por los derechos humanos.
Justamente, en nombre de la protección debida a los individuos que se juegan la vida en busca de un futuro mejor, España y Marruecos deben esclarecer sin sombra de duda cómo se desarrollaron los acontecimientos. Sean debidas a disparos de la Gendarmería marroquí o a caídas desde lo alto de la valla, estas muertes no pueden caer en el olvido. Es la única forma de preservar la legitimidad de las medidas de control de fronteras acordadas por ambos países y de trasladar a la opinión pública las penalidades que afrontan los sin papeles en el largo camino para huir de la miseria de sus países de origen.