Dinamarca ha aprobado este jueves una ley que prevé abrir centros para solicitantes de asilo en países fuera de la Unión Europea. El Gobierno pretende enviar a esos países a los peticionarios que lleguen a su territorio mientras se tramita su caso. Pero la que es la última medida antinmigración del Gobierno socialdemócrata danés para disuadir a potenciales solicitantes de asilo no solo prevé que los aspirantes deban esperar en esos países la posible concesión, sino que incluso si se les aprueba deberán permanecer en esos Estados, entre los que la prensa danesa cita a Eritrea y Ruanda. No obstante, el Ejecutivo danés deberá encontrar primero países dispuestos a aceptar centros de acogida a cambio de una compensación económica.
ses terceros la gestión de las solicitudes de asilo político, defendido a capa y espada por la primera ministra, Mette Frederiksen, constituye un giro de 180 grados de la socialdemocracia danesa en materia de migración. También “la generalización a casi todo el espectro político de propuestas antes defendidas solo por la extrema derecha”, a juicio del politólogo Kasper Hansen, profesor de la Universidad de Copenhague.

Cuando se cumplen cinco años de la aprobación de una polémica ley que permite la incautación de los bienes de valor de los inmigrantes que entran en Dinamarca —que suscitó un gran escándalo internacional, pero que se ha aplicado en pocas ocasiones—, las autoridades danesas siguen profundizando su estrategia de disuasión hacia potenciales demandantes de asilo en ese país.

En 2019, solo 761 personas obtuvieron asilo en el país nórdico, mientras que en 2020 esta cifra se redujo a 600, frente a las más de 10.000 solicitudes aprobadas en 2015. Dinamarca acoge, en proporción a sus habitantes, una décima parte de refugiados que sus vecinos alemanes o suecos.

“Este proyecto es la continuación de una política simbólica; es un poco como Donald Trump y su muro”, precisa Tim Whyte, secretario general de la ONG ActionAid Dinamarca.

La enésima vuelta de tuerca en relación con la cuestión del asilo político en Dinamarca preocupa a las organizaciones internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera que las políticas danesas son “contrarias a los principios en los que se basa la cooperación internacional en materia de refugiados”.

“Al iniciar un cambio tan drástico y restrictivo (…), Dinamarca se arriesga a desencadenar un efecto dominó, en el que otros países de Europa y en las regiones vecinas también explorarán las posibilidades de limitar la protección de los refugiados en su propio territorio”, subraya el representante de ACNUR en los países nórdicos, Henrik Nordentoft.

Según Tim Whyte, de ActionAid, para Dinamarca esta es una forma de desvincularse de los compromisos asumidos ante sus socios europeos, a pesar de disfrutar ya de varias excepciones a las normas comunitarias en materia de asilo y migración. Una de ellas consagra la no aplicación de las normas comunitarias relativas a la reagrupación familiar de los migrantes, lo que permite a Copenhague imponer las suyas propias.

“Los refugiados buscarán asilo en Alemania, Francia y Suecia. Esto [el proyecto de ley danés] no les impedirá cruzar el Mediterráneo, simplemente no vendrán más a Dinamarca, que de esta manera se exime de su responsabilidad”, afirmó Whyte.